L D (EFE) El documento presentado al procurador dice también que Lula debe ser investigado por su "imperdonable e inexplicable omisión (por lo menos) en los episodios de compra de votos" en el Congreso, en la financiación irregular de campañas electorales y en la "prevención, fiscalización o represión de actos de improbidad".
En ese último caso, la "omisión" que se le achaca a Lula se refiere a asuntos de corrupción "cometidos por los más allegados auxiliares del Jefe del Ejecutivo", en una aparente alusión a los ex ministros José Dirceu y Antonio Palocci, procesados por distintas irregularidades.
La decisión de pedir esta investigación penal contra Lula fue tomada por el Colegio de Abogados el pasado viernes, después de analizar el contenido de una reunión celebrada por ese organismo a principios de mayo pasado. En esa reunión, los miembros del Colegio decidieron por mayoría archivar una iniciativa que proponía pedir un proceso de destitución contra Lula, pero aprobaron en cambio la solicitud de investigación penal.
Según dijo entonces el Colegio de Abogados, esa decisión obedeció a la intención de darle al proceso un carácter "más jurídico" que "político", como tendría una solicitud de destitución del Jefe de Estado, que debería ser tramitada en el Congreso nacional.
En ese último caso, la "omisión" que se le achaca a Lula se refiere a asuntos de corrupción "cometidos por los más allegados auxiliares del Jefe del Ejecutivo", en una aparente alusión a los ex ministros José Dirceu y Antonio Palocci, procesados por distintas irregularidades.
La decisión de pedir esta investigación penal contra Lula fue tomada por el Colegio de Abogados el pasado viernes, después de analizar el contenido de una reunión celebrada por ese organismo a principios de mayo pasado. En esa reunión, los miembros del Colegio decidieron por mayoría archivar una iniciativa que proponía pedir un proceso de destitución contra Lula, pero aprobaron en cambio la solicitud de investigación penal.
Según dijo entonces el Colegio de Abogados, esa decisión obedeció a la intención de darle al proceso un carácter "más jurídico" que "político", como tendría una solicitud de destitución del Jefe de Estado, que debería ser tramitada en el Congreso nacional.