L D (Europa Press) En la actualidad todas las sentencias condenatorias con penas inferiores a un año de prisión se están cumpliendo mediante servicios a la comunidad y cursos de rehabilitación. Por este motivo y consciente de que la Ley Integral contra la Violencia de Género puede perder efectividad si estos programas no se realizan adecuadamente, la organización Grupo 25 demanda del Ejecutivo la elaboración de unos criterios mínimos de homologación de los cursos y un sistema de control de su efectividad. La Ley Integral contra la violencia de género contempla en sus artículos 33 y 35 la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por servicios a la comunidad, acompañados de un curso de rehabilitación, para los delitos con penas inferiores a un año de prisión.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la responsable de violencia de género de la Fundación Mujeres, Ángeles Álvarez, y el presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, Andrés Montero, durante una jornada sobre criterios de intervención con hombres que ejercen la violencia apuntaron que "lo que está ocurriendo es "impunidad" porque o bien no se cumplen los cursos de rehabilitación o allí donde se aplican son inadecuados, no tienen calidad terapéutica, ni se controla su efectividad".