L D (EFE) Esta medida se ha presentado tras finalizar el plazo legal de un mes del que disponía la Generalidad para modificar su decreto, después de que Sanidad le enviara un requerimiento. El principal "incumplimiento", según el Ministerio, se refiere a las exigencias fijadas por la ley para los bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados. La ley nacional establece que en esos locales se pueden establecer espacios para fumadores, físicamente separados y completamente compartimentados, pero el decreto valenciano permite que no se haga dicha separación total.
El ministerio se remite a la Organización Mundial de la Salud para indicar que la propuesta de instalar aparatos extractores de humo en las zonas de fumadores "no supone en absoluto una solución efectiva", ya que pueden eliminar los malos olores, pero no evitan los vapores tóxicos y cancerígenos. Según explica Sanidad, el decreto valenciano pretende dejar sin efecto el plazo transitorio de adaptación de las zonas de fumadores, que vence el 31 de agosto, al eliminar la exigencia de compartimentación.
Recuerda además que ese debate sobre la separación física de los diferentes espacios ya se suscitó durante la tramitación de la ley en el Parlamento, donde se apostó por ella "por unanimidad, fundamentalmente por motivos de salud pública, sin ceder así a las presiones de determinados sectores que anteponen sus intereses a la protección de la salud".
Recuerda además que ese debate sobre la separación física de los diferentes espacios ya se suscitó durante la tramitación de la ley en el Parlamento, donde se apostó por ella "por unanimidad, fundamentalmente por motivos de salud pública, sin ceder así a las presiones de determinados sectores que anteponen sus intereses a la protección de la salud".
El ministerio considera que la actitud de la Generalidad Valenciana entra en contradicción con el apoyo unánime del Parlamento a la Ley Antitabaco, que se sitúa en el marco de las políticas desarrolladas desde la OMS y la Comisión Europea. Para Sanidad, "la norma valenciana supone una merma en la protección de la salud de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, que no verán garantizado su derecho a no respirar aire contaminado".