L D (EFE) Blair, que asiste en la ciudad rusa de San Petersburgo a la cumbre del G8 (siete países más ricos y Rusia), admitió que la actual polémica podría desembocar en un cambio "de todas las normas" de financiación de los partidos políticos. "Al final, sean cuales sean las normas, lo importante es que las cumplamos", insistió el jefe de Gobierno. No obstante, Blair recordó que "el único motivo por el que todo el mundo sabe quién hace donaciones a un partido político son las leyes que nosotros hemos introducido".
El pasado miércoles, Lord Levy, amigo íntimo de Tony Blair y recaudador-jefe de fondos del Partido Laborista, fue detenido y puesto después en libertad bajo fianza en relación con la presunta venta de escaños en la Cámara de los Lores a cambio de donaciones. Otros dos miembros del Gobierno, los secretarios de Estado de Ciencia, Lord Sainsbury (uno de los mayores donantes del Partido Laborista), y Comercio, Ian McCartney (ex presidente del partido), ya han sido entrevistados por Scotland Yard sobre el mismo caso.
Respecto a la detención de Levy, Blair se limitó a declarar: "No creo que se pueda asumir que sólo porque ciertas cosas se alegan en los medios, eso es necesariamente verdad". El primer ministro rehusó comentar si esperar ser entrevistado por la Policía sobre el caso, y agregó que le preocupa la "percepción" que la ciudadanía pueda tener del escándalo a través de la prensa, que "no es siempre la más objetiva e imparcial en estos asuntos".
La polémica, que ha minado la reputación de Blair, estalló hace algo más de tres meses, después de que miembros de su partido revelaran que la formación recibió casi 20 millones de euros (25 millones de dólares) en préstamos procedentes de doce empresarios. Algunos de esos hombres de negocios fueron más tarde designados para ocupar un escaño en la Cámara de los Lores.
No en vano, el Partido Laborista ha negado estar "vendiendo" ese tipo de títulos, al tiempo que ha desmentido las imputaciones sobre su supuesto trato de favor a esos donantes. Scotland Yard abrió la investigación después de que varios diputados pidieran que se averiguara si el laborismo había incumplido una ley de 1925 que prohíbe la "venta" de títulos honoríficos públicos. A la luz de esta crisis, un sondeo de opinión publicado el sábado por el periódico conservador "The Daily Telegraph" indicaba que el 69 por ciento de los británicos atribuyen al Gobierno de su primer ministro una "dudosa reputación".
El pasado miércoles, Lord Levy, amigo íntimo de Tony Blair y recaudador-jefe de fondos del Partido Laborista, fue detenido y puesto después en libertad bajo fianza en relación con la presunta venta de escaños en la Cámara de los Lores a cambio de donaciones. Otros dos miembros del Gobierno, los secretarios de Estado de Ciencia, Lord Sainsbury (uno de los mayores donantes del Partido Laborista), y Comercio, Ian McCartney (ex presidente del partido), ya han sido entrevistados por Scotland Yard sobre el mismo caso.
Respecto a la detención de Levy, Blair se limitó a declarar: "No creo que se pueda asumir que sólo porque ciertas cosas se alegan en los medios, eso es necesariamente verdad". El primer ministro rehusó comentar si esperar ser entrevistado por la Policía sobre el caso, y agregó que le preocupa la "percepción" que la ciudadanía pueda tener del escándalo a través de la prensa, que "no es siempre la más objetiva e imparcial en estos asuntos".
La polémica, que ha minado la reputación de Blair, estalló hace algo más de tres meses, después de que miembros de su partido revelaran que la formación recibió casi 20 millones de euros (25 millones de dólares) en préstamos procedentes de doce empresarios. Algunos de esos hombres de negocios fueron más tarde designados para ocupar un escaño en la Cámara de los Lores.
No en vano, el Partido Laborista ha negado estar "vendiendo" ese tipo de títulos, al tiempo que ha desmentido las imputaciones sobre su supuesto trato de favor a esos donantes. Scotland Yard abrió la investigación después de que varios diputados pidieran que se averiguara si el laborismo había incumplido una ley de 1925 que prohíbe la "venta" de títulos honoríficos públicos. A la luz de esta crisis, un sondeo de opinión publicado el sábado por el periódico conservador "The Daily Telegraph" indicaba que el 69 por ciento de los británicos atribuyen al Gobierno de su primer ministro una "dudosa reputación".