L D (EFE) El parlamentario independentista se ha presentado este jueves en los Juzgados de Instrucción de Palma de Mallorca para solidarizarse con las otras cinco personas que, junto a él, asaltaron el verano pasado la piscina del director de El Mundo. Tenían que declarar ante el juez por la denuncia por amenazas presentada contra ellos por Pedro J. Ramírez después de que el pasado 27 de mayo amenazaran con volver a repetir la misma escena.
Puig no ha sido llamado a declarar por su condición de aforado y está a la espera de que le cite el Supremo. El independentista ha dicho que "no se aguanta" esta nueva acusación porque, a su juicio, se limitaron a anunciar nuevas movilizaciones en ejercicio de su "libertad de expresión". Ya ha anunciado que exigirá judicialmente daños y perjuicios al director de El Mundo por la "espiral de denuncias falsas" en su contra.
"Lamentablemente no puedo declarar, porque cuando a alguien le ponen denuncias falsas tiene el derecho de defenderse, pero se ve que no puede ser", ha apuntado el diputado independentista. "Están falseando la realidad para convertirlo en denuncias contra las personas que defienden el derecho de la libre expresión y a denunciar a quienes se saltan las leyes para tener privilegios", insiste.
En su opinión, Pedro J. Ramírez "presiona al Estado" en su favor, como, a su juicio, lo demostraría la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que concede al periodista el uso exclusivo de la piscina situada en una zona de dominio público marítimo terrestre durante los meses de julio y agosto.
Además de insistir en que el uso privativo de la piscina representa "la ocupación ilegal de un espacio público", Puig ha reinterpretado el asalto del pasado verano. Sostiene que él nunca se bañó en la instalación, sino que se limitó a ejercer su derecho de paso.
"Lamentablemente no puedo declarar, porque cuando a alguien le ponen denuncias falsas tiene el derecho de defenderse, pero se ve que no puede ser", ha apuntado el diputado independentista. "Están falseando la realidad para convertirlo en denuncias contra las personas que defienden el derecho de la libre expresión y a denunciar a quienes se saltan las leyes para tener privilegios", insiste.
En su opinión, Pedro J. Ramírez "presiona al Estado" en su favor, como, a su juicio, lo demostraría la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que concede al periodista el uso exclusivo de la piscina situada en una zona de dominio público marítimo terrestre durante los meses de julio y agosto.
Además de insistir en que el uso privativo de la piscina representa "la ocupación ilegal de un espacio público", Puig ha reinterpretado el asalto del pasado verano. Sostiene que él nunca se bañó en la instalación, sino que se limitó a ejercer su derecho de paso.