LD (EFE) En un comunicado, la asociación de usuarios de banca reiteró que, en su opinión, la Administración ha actuado de forma "negligente" en la crisis y subrayó que con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial pretende que los afectados recuperen íntegramente los ahorros depositados en ambas sociedades. La asociación consideró que el Estado debe responder "a la obligación moral de proteger a quienes han experimentado una lesión", lo que por "omisión y desidia" se transforma en obligación jurídica, "al comprobar que pudo y debió evitar esta crisis, producto de la concatenación de errores, negligencias y falta de previsión y actuación por parte de diferentes poderes y organismos públicos".
Este lunes ha interpuesto una acción judicial de responsabilidad patrimonial contra el Estado al considerar que es "responsable" de la quiebra de los 400.000 afectados por el supuesto fraude de Fórum Filatélico y Afinsa. El presidente de Ausbanc Consumo, Luis Pineda, convocó en Málaga una reunión para asesorar a los afectados por la supuesta estafa y anunciar los procedimientos judiciales que llevarán a cabo. Pineda aseguró que el Gobierno "es culpable" en esta crisis por "la pereza, dejadez e incompetencia" a la hora de regular las actividades de bienes tangibles, ya que "el Ministerio de Consumo estaba advertido de que el sector era relevante y no hizo nada".
En este sentido, señaló que en 2003 se aprobó la disposición adicional 4 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva donde se especifica la regulación de esta actividad, pero cuando comenzó la nueva legislatura, se dictó una orden ministerial para actualizar la ley y "no se hizo nada", explicó. Sobre la intervención judicial tras detectarse la supuesta estafa en ambas sociedades, Pineda destacó que "ha habido un error brutal en la forma de actuar", ya que, a su juicio, "de momento no hay blanqueo de capitales, ni se han descubierto sellos falsos".
En este sentido, señaló que en 2003 se aprobó la disposición adicional 4 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva donde se especifica la regulación de esta actividad, pero cuando comenzó la nueva legislatura, se dictó una orden ministerial para actualizar la ley y "no se hizo nada", explicó. Sobre la intervención judicial tras detectarse la supuesta estafa en ambas sociedades, Pineda destacó que "ha habido un error brutal en la forma de actuar", ya que, a su juicio, "de momento no hay blanqueo de capitales, ni se han descubierto sellos falsos".