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La Fiscalía revisa las causas pendientes del etarra premiado por Chávez con un puesto en la Administración para él y su mujer

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está revisando los procedimientos penales que tiene abiertos el etarra Arturo Cubillas, que ha sido premiado por el presidente venezolano junto con su mujer con dos puestos en la administración del país caribeño. La mujer ha sido nombrada directora del despacho del ministerio de la Presidencia del Gobierno venezolano. Según informaron este jueves fuentes jurídicas, Cubillas tiene cuatro causas de los años 1984 y 1985 en la Audiencia Nacional –tres por asesinato y una por daños terroristas– de las que sólo una de ellas (la de daños) está prescrita. La AVT ha pedido a Zapatero que el etarra sea juzgado cuanto antes, mientras el PP lo considera una "ofensa gratuita a España".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está revisando los procedimientos penales que tiene abiertos el etarra Arturo Cubillas, que ha sido premiado por el presidente venezolano junto con su mujer con dos puestos en la administración del país caribeño. La mujer ha sido nombrada directora del despacho del ministerio de la Presidencia del Gobierno venezolano. Según informaron este jueves fuentes jurídicas, Cubillas tiene cuatro causas de los años 1984 y 1985 en la Audiencia Nacional –tres por asesinato y una por daños terroristas– de las que sólo una de ellas (la de daños) está prescrita. La AVT ha pedido a Zapatero que el etarra sea juzgado cuanto antes, mientras el PP lo considera una "ofensa gratuita a España".
L D (Agencias) La Fiscalía está revisando los otros tres procedimientos del etarra para comprobar si dichas causas también han prescrito o no, ya que, según las citadas fuentes, aún no se ha comprobado si hay alguna petición de extradición solicitada para Cubillas.
 
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló que el Gobierno hará todas las averiguaciones relativas a los cargos penales que pueda tener el etarra Arturo Cubillas. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar la XV Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, López Aguilar explicó que "el Gobierno hará todas las averiguaciones relativas a los cargos penales que puedan existir y que puedan estar vivos y, por tanto, pendientes de algún expediente de cooperación judicial". Agregó el ministro que el Gobierno español "siempre ha cooperado con la justicia penal en la conducción de todos los expedientes que requieran cooperación frente a otros gobiernos pero debemos completar toda la información disponible".

Así, explicó, "hay que averiguar exactamente cuál es la situación, qué persona y con qué cargo antes de emitir cualquiera valoración al respecto". Por ello, el Gobierno recabará toda la información a través de los conductos diplomáticos habituales, explicó el ministro, quien quiso lanzar "un mensaje de tranquilidad porque el Ejecutivo va a hacer todas las averiguaciones necesarias para saber si existe algún expediente penal vivo" y en ese caso "nos pronunciaremos".

Reiteró la determinación del Gobierno de cooperar siempre con la Justicia penal pero, dijo, "será por el conducto diplomático por el Ministerio de Asuntos Exteriores que el Gobierno fije su posición al respecto". Por su parte, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, que asistió a la inauguración de esta conferencia, se limitó a señalar que el Ejecutivo español no hace comentarios sobre nombramientos que se producen en gobiernos extranjeros, y "cualquier declaración que tengamos que realizar al respecto lo haremos por los canales establecidos para ello, que son los canales diplomáticos".

El etarra, de 48 años, es uno de los once miembros de la banda terrorista que en mayo de 1989 fueron trasladados desde Argel a Venezuela por un acuerdo entre los gobiernos de los tres países implicados.

En mayo de 1995, fue detenido durante unas 48 horas por la policía de seguridad de Venezuela, por haberse negado a explicar sus actividades, como se requería a los etarras que vivían en el país. Asimismo, fue detenido brevemente en otra ocasión, en julio de 2002, por "obstaculización de la acción de la justicia", según dijeron entonces fuentes de los servicios de seguridad venezolanos.

Esa detención se produjo cuando se encontraba en un acto público en Caracas en compañía de miembros de Herri Batasuna, llegados unos días antes a Venezuela. Cubillas formó parte del grupo Madrid de ETA y también intervino presuntamente en el grupo Oker en varios atentados y atracos, y está supuestamente implicado en los asesinatos de Angel Facal Soto, el policía Máximo García y el ciudadano francés Joseph Couchot, a mediados de la década de los 80.

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