Así, recuerda que las personas, "por las razones que sólo a ellos les incumben", deciden poner fin a su convivencia tiene ahora "una vía más accesible, menos costosa, con menos artificio y menos coste personal, económico y de tiempo para alcanzar lo que en el fondo no es más que la solución a sus problemas de convivencia".
Por otra parte, la reforma de la Ley ha motivado un descenso "sustancial" en el número de separaciones judiciales. Blanco explica que el Gobierno decidió mantener la separación como una institución distinta a la del divorcio por "tolerancia y respeto a cualquier opción ideológica". No obstante, pero "la mayoría de las personas optan por ir al divorcio directamente".
Hasta la reforma de esta Ley, si una pareja quería romper su unión, debía esperar un año antes de pedir la separación y otro año más antes de divorciarse. Con los cambios legales el divorcio se puede solicitar a los tres meses de la boda.
Además, se elimina la obligatoriedad de alegar causas legales para la separación. Estas causas eran: alcoholismo, infidelidad, cese de la convivencia conyugal, toxicomanías, perturbación mental, conductas injuriosas, abandono de hogar y violación de los deberes conyugales.