L D (EFE) Los gobernadores son los de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, departamentos que suman cerca del 80 por ciento del territorio del país, el 80 por ciento de los 9,4 millones de bolivianos y el 84 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Los otros prefectos de los departamentos andinos de Oruro y Potosí y Chuquisaca pertenecen al partido de Morales.
El proyecto de ley tiene cuatro artículos y debe ser aprobado por dos tercios de los parlamentarios, es decir con participación de la oposición debido a que implica una interpretación de los alcances del artículo 70 de la Constitución. Ese artículo permite a los parlamentarios interpelar y censurar a ministros, cuando no aprueban sus políticas, y el Presidente puede ratificarlos o removerlos.
Según Morales, el Ejecutivo no tiene "ninguna mala intención" sobre los prefectos, sino que desea regular la fiscalización de sus gastos para que "no sean acusados falsamente de corrupción o malversación". El viceministro de Descentralización, Fabian Yaksic, se justificó en que la necesidad de contar con dos tercios del Congreso "despeja cualquier duda o susceptibilidad de intención política". El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 84 escaños, 72 en la Cámara Baja y 12 en la Alta, insuficientes para lograr los dos tercios (105) de los 157 asientos parlamentarios.
Reiteró que el proyecto de ley trata de llenar el vacío dejado por un fallo
Según Yaksic, mejor que sea el Congreso, electo por el pueblo, que tenga facultades ampliadas de fiscalización y censura a los gobernadores, con la obligación de que éstos presenten renuncia al cargo, como sucede actualmente con los ministros.
Yaksic dijo que la renuncia de una autoridad regional es una posibilidad extrema que no necesariamente debe ocurrir, pero si llegara a suceder se designará a una autoridad interina hasta la convocatoria a nuevas elecciones en las Prefecturas.
El proyecto de ley tiene cuatro artículos y debe ser aprobado por dos tercios de los parlamentarios, es decir con participación de la oposición debido a que implica una interpretación de los alcances del artículo 70 de la Constitución. Ese artículo permite a los parlamentarios interpelar y censurar a ministros, cuando no aprueban sus políticas, y el Presidente puede ratificarlos o removerlos.
Según Morales, el Ejecutivo no tiene "ninguna mala intención" sobre los prefectos, sino que desea regular la fiscalización de sus gastos para que "no sean acusados falsamente de corrupción o malversación". El viceministro de Descentralización, Fabian Yaksic, se justificó en que la necesidad de contar con dos tercios del Congreso "despeja cualquier duda o susceptibilidad de intención política". El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 84 escaños, 72 en la Cámara Baja y 12 en la Alta, insuficientes para lograr los dos tercios (105) de los 157 asientos parlamentarios.
Reiteró que el proyecto de ley trata de llenar el vacío dejado por un fallo
Según Yaksic, mejor que sea el Congreso, electo por el pueblo, que tenga facultades ampliadas de fiscalización y censura a los gobernadores, con la obligación de que éstos presenten renuncia al cargo, como sucede actualmente con los ministros.
Yaksic dijo que la renuncia de una autoridad regional es una posibilidad extrema que no necesariamente debe ocurrir, pero si llegara a suceder se designará a una autoridad interina hasta la convocatoria a nuevas elecciones en las Prefecturas.