L D (Agencias) La querella del sindicato de funcionarios se dirigía contra el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, y el coordinador de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, por la reunión mantenida entre dirigentes del PSE-EE y de Batasuna el pasado mes de julio en el Hotel Amara Plaza de San Sebastián.
Bernad alegó que se trata de "un auto que contradice el que ya existe en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco", por lo que "hay un conflicto de jurisdicciones entre la del País Vasco y la de la sala segunda del Tribunal Supremo". Asimismo, mostró su respeto a las razones esgrimidas por el Tribunal para rechazar la querella pero afirmó que no está de acuerdo con las mismas. Defendió que ellos "jamás" pretendieron corregir la acción exterior o interior del Gobierno, porque son conscientes de que eso es competencia del Ejecutivo, pero apuntó que "cuando la acción de un gobierno y de su presidente no se ajusta a la legalidad vigente corresponde a los tribunales" entrar a juzgarlo.
El secretario general de Manos Limpias recordó que "el ejecutivo tiene la posibilidad de derogar la ley de partidos", pero incidió en que, mientras ésta esté vigente "no se puede actuar de esta manera, ni negociar con los etarras ni con Batasuna". "No me extrañaría nada que, bien directa o indirectamente, Batasuna se legalizara", añadió. Bernad incidió en que "el presidente de Gobierno, al igual que cualquier ciudadano de a pie, debe estar sometido al principio de legalidad y al estado de derecho". Así, matizó que "la historia de España irá poco a poco colocando las decisiones y las actuaciones de los políticos en su sitio".