L D (Agencias) "La Conferencia Episcopal ni de lejos pretende hacerle la competencia al Parlamento, ni negarle su legitimidad pero al mismo tiempo hay que decir una cosa: las leyes que el Parlamento emite tienen un criterio que está más allá de él, con lo cual pueden ser juzgadas y ese criterio es el de la justicia o la no justicia, del bien y del mal", explicó Martínez Camino durante una entrevista a RNE recogida por Europa Press.
Asimismo, indicó que por "encima del Parlamento hay una instancia superior que no es la jerarquía de la Iglesia sino el orden moral objetivo, que se basa en la realidad de la persona humana". Sobre este punto, insistió en que el Parlamento "no depende de la jerarquía de la Iglesia ni debe depender de ninguna jerarquía institucional o religiosa, ya que en caso de ser así, se estaría en una mezcla de lo político y religioso que el cristianismo no quiere". Sin embargo, recordó que el Parlamento "se convierte en un peligro" cuando "alguien dice, como alguien ha dicho en España 'que por encima del Parlamento no hay nada ni nadie', es decir, que es la última instancia, es lo absoluto".
Preguntado sobre si la Iglesia Católica española realiza algún tipo de autocrítica, contestó que el principal problema de esta institución es que "se encuentra afectada por una visión del mundo no religiosa, que no reconoce lo que es ser Hijo de Dios, ni tiene esperanza en la vida eterna". "La Iglesia se haya desdibujada en su propia identidad. Este es el principal problema que tiene la Iglesia en España y lo han dicho los obispos. El problema es dejar de vivir con alegría y espontaneidad lo que es ser Iglesia", insistió.
Con respecto a la asignatura de Religión, afirmó que la organización de la vida académica en la escuela "es injusta", ya que "mientras unos estudian Religión otros no hacen nada". "Por eso los obispos no estamos satisfechos con el desarrollo de los Reales Decretos. La asignatura debe darse en tales condiciones que para los que la elijan libremente no suponga discriminación académica ninguna y tampoco para los que no la elijan", afirmó Martínez Camino, quien insistió en que "debe haber un estudio del hecho religioso de manera confesional para los que quieran y los que no, que lo estudien desde un punto de vista cultural-histórico".
En relación a la asignatura Educación para la Ciudadanía, explicó que el problema es que se trata de "una materia obligatoria para todos los alumnos y todos los centros" y que "tiene en el programa una visión moral de la vida, una concepción del mundo y del hombre en el cual hay pluralidad en la sociedad y sobre la cual los responsables son los padres". "Si el Estado impone obligatoriamente una moral a todos los alumnos españoles eso es meterse en sus competencias y es contradictorio con nuestra constitución. No es el Estado quien debe imponer una educación moral a los ciudadanos", afirmó.