LD (EFE) El magistrado federal Raúl Acosta de la ciudad de San Rafael (provincia de Mendoza, al oeste de Argentina), envío un oficio a la INTERPOL para que detengan a la ex presidenta María Estela Martínez (1974-1976), viuda del general Juan Perón, en el marco de una causa por la desaparición de un joven durante su Gobierno.
Acosta hace responsable a "Isabelita" de firmar tres decretos que habilitaron la desaparición de personas. En declaraciones a una radio local, el magistrado dice que "a la hora de la relación de los imputados con la causa, ella era mandataria del país. Las detenciones de San Rafael se produjeron en el marco de esos decretos y se hicieron por el Ejército y la policía de Mendoza".
En concreto, el juez investiga la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti Gallego, el veinticinco de febrero de 1976, un mes antes del golpe militar que derrocó a la viuda de Perón, también conocida como "Isabelita". Acosta considera que esa desaparición fue avalada por la firma de tres decretos en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que implicaría un acción de terrorismo de Estado.
El abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires que espera ver "cómo se resuelve la orden de detención librada" y señaló que aún no tuvo "ninguna comunicación" con la ex mandataria, de 75 años. En la causa también están involucrados otros miembros del gabinete de Martínez, como el ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf; el ex ministro de Economía Antonio Cafiero; el ex canciller Manuel Arauz Castex; el ex ministro de Defensa Tomás Vottero; el ex titular de Bienestar Social Carlos Emery, y el entonces ministro del Interior Angel Federico Robledo, ya fallecido.