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Abertis y Autostrade abandonan la fusión por los obstáculos del Gobierno italiano

Abertis y Autostrade han decidido abandonar su actual proyecto de fusión ante las dificultades encontradas por un cambio legislativo aprobado por el Gobierno de Italia. Pese a este acuerdo, ambas compañías no descartan retomar sus planes conjuntos "en el momento que se concurran circunstancias más favorables". La Comisión Europea ha anunciado ya que continuará investigando los obstáculos impuestos por las autoridades italianas a dicha fusión.

Abertis y Autostrade han decidido abandonar su actual proyecto de fusión ante las dificultades encontradas por un cambio legislativo aprobado por el Gobierno de Italia. Pese a este acuerdo, ambas compañías no descartan retomar sus planes conjuntos "en el momento que se concurran circunstancias más favorables". La Comisión Europea ha anunciado ya que continuará investigando los obstáculos impuestos por las autoridades italianas a dicha fusión.
L D (Agencias) La reunión del consejo de administración de Autostrade celebrada de forma previa a la junta de accionistas ha acordado suspender la fusión. El escollo para esta integración estaba el cambio en la normativa de concesiones que el Gobierno de Italia había aprobado para obstaculizar la operación. La nueva normativa modifica el sistema de cálculo de los peajes y, por ende, la valoración de Autostrade y el canje de acciones fijado para la fusión.
 
En las últimas semanas la operación había perdido impulso y se imponía la posibilidad de que se suspendiera a la espera de un mejor contexto. La integración de la española, presidida por Isidro Fainé, con la italiana, ya aprobada en las juntas de ambas empresas, supondría la creación del primer grupo mundial de infraestructuras. Según los planes iniciales, ahora bloqueados, la compañía resultante iba a operar en 16 países, contaría con 20.000 empleados y gestionaría 6.713 kilómetros de autopistas, además de una red de aeropuertos, aparcamientos y plataformas logísticas de los que preveía facturar unos 6.000 millones de euros.
 
El Ejecutivo de Roma, en boca del ministro de Infraestructuras, Antonio Di Pietro, sostiene que no está en contra de la fusión y ha explicado que los problemas no surgen de ésta sino de la relación con la concesionaria tiene con un bien público del Estado. En ese sentido, el Gobierno introdujo una ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, en la que se introducían una serie de normas que debían cumplir todas las concesionarias de autopistas en Italia.
 
Entre esas normas, figura la creación de un nuevo sistema de control de la calidad del servicio prestado por las empresas, ya que hasta ahora eran ellas mismas las que hacían la evaluación de aquella, según el ministro de Infraestructuras. El artículo 12 también establece que haya un concurso público para las obras de mejora de la red de autopistas, ya que es una práctica habitual que las concesionarias las adjudiquen a empresas constructoras que pertenecen a su mismo grupo, siempre de acuerdo con la versión dada por Di Pietro.
 
Tras conocerse la decisión de ambas empresas, el portavoz de Competencia de la Comisión, Jonathan Todd, dijo que Bruselas analizará la "nueva situación" y las explicaciones de las autoridades italianas antes de llegar a una conclusión sobre el procedimiento abierto a Roma por inmiscuirse en una fusión de dimensión comunitaria.

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