L D (Europa Press) El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, defendió estas ideas en el VII Congreso del Ministerio Público portugués, que se celebra entre en la localidad portuguesa de Alvor-Faro. Allí indicó que en el diseño que plantea la Constitución española para el Ministerio Público en el ámbito del Poder Judicial "subyace la idea legítima de mantener una conexión entre el Gobierno y el fiscal en el terreno de la política criminal".
Reconoció después que este "planteamiento institucional" ha tenido en la práctica "un efecto contraproducente" y se ha convertido en "fuente permanente de conflictos". Por ello, criticó que "cada vez que una fuerza política o un medio de comunicación no está de acuerdo con su actuación" se acusa al fiscal de "actuar bajo las órdenes o al servicio del Gobierno".
Explicó que "la Constitución dispone que el fiscal general general del Estado, jefe máximo del Ministerio Fiscal, será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial".
Quejas contra las críticas
En este sentido, subrayó que "la Constitución encomienda al Ejecutivo la dirección de la política exterior e interior, pero es el Ministerio Público quien asume la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley uniformemente". En su opinión, ello "contribuye de manera decisiva al desarrollo y a la eficacia de esa política criminal".
"No es posible, o por lo menos es extraordinariamente difícil, actuar como garante del sistema jurídico (...) cuando cualquier actuación es examinada sistemáticamente a través del prisma de la política y tachada de parcialidad", denunció Conde Pumpido, al tiempo que precisó que "el Estatuto Orgánico vigente sólo permite al Gobierno dirigirse al fiscal general para solicitarle y no ordenarle, las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público".
En su discurso, Conde Pumpido elogió el proyecto de Ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé mayor autonomía del fiscal. Este nuevo modelo cambiará el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, que será examinado por el Congreso de los Diputados.
En esta línea, consideró que el nuevo sistema de nombramiento constituye un "avance innegable", ya que el fiscal general nombrado tendrá asegurada la permanencia en el cargo durante cuatro años, salvo que el propio Gobierno cese antes, en cuyo caso el fiscal cesará con él. "Antes de que transcurra ese plazo sólo podrá ser apartado de su cargo por los motivos que expresamente se establecen en la propia Ley", apuntó.