L D (EFE) Las medidas para la prevención y la represión de fenómenos de violencia unidas a competiciones deportivas están contendidas en un decreto de ley y un diseño de ley, aprobados en el consejo de ministros, que tienen carácter de urgente para lograr su inmediata aplicación.Y son las ya anunciadas y acordadas el pasado lunes entre representantes de los ministerios del Interior, de Justicia y de Políticas Juveniles y Actividades Deportivas, con los de la Federación Italiana y los del Comité Olímpico. Al día siguiente contestadas y criticadas por algunos presidentes de club.
El decreto ley aprobado este miércoles, y que el jueves será publicado en el Boletín del Estado para darle su total oficialidad, consta de tres partes: aplicación completa del denominado 'decreto Pisanu'; medidas de carácter preventivo y de una mayor severidad de las penas y medidas programáticas. En la primera de ellas, se contempla la suspensión de cualquier prórroga concedida con anterioridad para la no aplicación del decreto Pisanu (entre ellas billetes nominales, tornos de control de entrada, cámaras de circuito interno, registro y zona de control fuera de los estadios, localidades todas de asiento).
Los estadios que no cumplan todas las normas recogidas en el decreto Pisanu (existente desde 2005 y casi nunca aplicadas), toda vez que se definen ya como condiciones "irrenunciables", no podrán albergar partidos con público hasta que no las cumpla y, por tanto, deberá jugarse en ellos a puerta cerrada. El creado Observatorio de Manifestaciones Deportivas será el que vigilará el cumplimiento de las normas, así como el camino en la adaptación de los estadios para darles, cuando lo cumplan, el vía libre a los partidos con público. Asimismo, en una primera fase todos los partidos deberán disputarse en horario diurno.
En el apartado de medidas de carácter preventivo y de mayor severidad de las penas, está la total prohibición de venta de bloques de entradas a los aficionados visitantes; es decir, los viajes organizados. Asimismo, se prohíbe el ingreso en los estadios a los aficionados violentos (actualmente unos 1.400 cifrados en Italia), que han cometido ya actos de dicho tipo (incluidos menores), y a los que junto a la prohibición de asistencia y a la de presentarse en una comisaria durante las horas de los partidos, se pueden unir la obligación de que realicen en los horarios de los encuentros obras sociales (limpieza de baños público, etc.)
El período de detención por actos violentos en los estadios, asimismo, se amplían de las actuales 36 horas a las 48 horas. Todo ello, unido a un aumento de los periodos de pena o de cárcel, a tenor del delito cometido o de si no cumplen lo decretado. También "se prohíbe totalmente" cualquier relación económica entre los clubes y los grupos de aficionados; pudiéndose incluso establecer penas económicas o patrimoniales para los clubes que lo incumplan.
La tercera parte del decreto de ley atañe a un plan de instalaciones deportivas destinado a modificar la propiedad de los estadios, que actualmente en su mayoría son de los ayuntamientos. Es una parte que aún precisará de objeto de mayor estudio, pues se desea que las instalaciones puedan ser propiedad de los clubes. El diseño de ley contempla medidas menos urgentes, que deben ser aprobadas por el Parlamento, y que precisan de un mayor tiempo. La más importante de ellas está en bajar de los actuales 10.000 a las 7.500 el número de las localidades de un estadio a partir del cual se ejecutan las medidas del decreto Pisanu. Algunos clubes, en los últimos tiempos para saltarse la aplicación del decreto Pisanu, y pese a que el campo tenía un mayor aforo, llegaban a exigir que se les reconociera un aforo de 9.999 personas.
La intención del Gobierno italiano es que la aplicación de este diseño ley, una vez superados los trámites parlamentarios, se produzca ya la próxima campaña. A tenor del decreto ley, el Ejecutivo no ha cedido punto alguno en lo acordado en la reunión del pasado lunes; es decir, no ha acogido las peticiones de la Liga Profesional (la patronal del fútbol con los clubes de Primera y Segunda división) que solicitaban que, en los partidos que por lo aprobado se iban a jugar a puerta cerrada, se permitiera al menos la entrada a los abonados locales.
De momento, son seis los campos que parecen atenerse a las normativas del decreto Pisanu actualmente son: Olímpico de Roma, Luigi Ferraris de Génova, Olímpico de Turín, Artemio Franchi de Siena y Renzo Barbera de Palermo. No obstante, no será hasta este jueves cuando el gobierno dirá cuáles son los que realmente cumplen lo requisitos y, por tanto, en los que se podrá jugar con público y en los que deberá hacerse a "puerta cerrada".
El decreto ley aprobado este miércoles, y que el jueves será publicado en el Boletín del Estado para darle su total oficialidad, consta de tres partes: aplicación completa del denominado 'decreto Pisanu'; medidas de carácter preventivo y de una mayor severidad de las penas y medidas programáticas. En la primera de ellas, se contempla la suspensión de cualquier prórroga concedida con anterioridad para la no aplicación del decreto Pisanu (entre ellas billetes nominales, tornos de control de entrada, cámaras de circuito interno, registro y zona de control fuera de los estadios, localidades todas de asiento).
Los estadios que no cumplan todas las normas recogidas en el decreto Pisanu (existente desde 2005 y casi nunca aplicadas), toda vez que se definen ya como condiciones "irrenunciables", no podrán albergar partidos con público hasta que no las cumpla y, por tanto, deberá jugarse en ellos a puerta cerrada. El creado Observatorio de Manifestaciones Deportivas será el que vigilará el cumplimiento de las normas, así como el camino en la adaptación de los estadios para darles, cuando lo cumplan, el vía libre a los partidos con público. Asimismo, en una primera fase todos los partidos deberán disputarse en horario diurno.
En el apartado de medidas de carácter preventivo y de mayor severidad de las penas, está la total prohibición de venta de bloques de entradas a los aficionados visitantes; es decir, los viajes organizados. Asimismo, se prohíbe el ingreso en los estadios a los aficionados violentos (actualmente unos 1.400 cifrados en Italia), que han cometido ya actos de dicho tipo (incluidos menores), y a los que junto a la prohibición de asistencia y a la de presentarse en una comisaria durante las horas de los partidos, se pueden unir la obligación de que realicen en los horarios de los encuentros obras sociales (limpieza de baños público, etc.)
El período de detención por actos violentos en los estadios, asimismo, se amplían de las actuales 36 horas a las 48 horas. Todo ello, unido a un aumento de los periodos de pena o de cárcel, a tenor del delito cometido o de si no cumplen lo decretado. También "se prohíbe totalmente" cualquier relación económica entre los clubes y los grupos de aficionados; pudiéndose incluso establecer penas económicas o patrimoniales para los clubes que lo incumplan.
La tercera parte del decreto de ley atañe a un plan de instalaciones deportivas destinado a modificar la propiedad de los estadios, que actualmente en su mayoría son de los ayuntamientos. Es una parte que aún precisará de objeto de mayor estudio, pues se desea que las instalaciones puedan ser propiedad de los clubes. El diseño de ley contempla medidas menos urgentes, que deben ser aprobadas por el Parlamento, y que precisan de un mayor tiempo. La más importante de ellas está en bajar de los actuales 10.000 a las 7.500 el número de las localidades de un estadio a partir del cual se ejecutan las medidas del decreto Pisanu. Algunos clubes, en los últimos tiempos para saltarse la aplicación del decreto Pisanu, y pese a que el campo tenía un mayor aforo, llegaban a exigir que se les reconociera un aforo de 9.999 personas.
La intención del Gobierno italiano es que la aplicación de este diseño ley, una vez superados los trámites parlamentarios, se produzca ya la próxima campaña. A tenor del decreto ley, el Ejecutivo no ha cedido punto alguno en lo acordado en la reunión del pasado lunes; es decir, no ha acogido las peticiones de la Liga Profesional (la patronal del fútbol con los clubes de Primera y Segunda división) que solicitaban que, en los partidos que por lo aprobado se iban a jugar a puerta cerrada, se permitiera al menos la entrada a los abonados locales.
De momento, son seis los campos que parecen atenerse a las normativas del decreto Pisanu actualmente son: Olímpico de Roma, Luigi Ferraris de Génova, Olímpico de Turín, Artemio Franchi de Siena y Renzo Barbera de Palermo. No obstante, no será hasta este jueves cuando el gobierno dirá cuáles son los que realmente cumplen lo requisitos y, por tanto, en los que se podrá jugar con público y en los que deberá hacerse a "puerta cerrada".