LD (EFE) El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, recalcó este lunes el interés del Gobierno por que Delphi mantenga su actividad en Puerto Real y aseguró que a los trabajadores afectados por el cierre de la planta se les aplicarán los "elementos de apoyo social" previstos para estos casos. Solbes también comentó la situación creada tras el anuncio por parte de Delphi de que cerrará la planta que tiene en Cádiz, que emplea a 1.600 trabajadores, alegando pérdidas por importe de 150 millones de euros en los últimos cinco años.
Solbes ha hecho hincapié en que las empresas privadas deciden libremente instalarse en un país o en otro, aunque reconoció que en caso de traslado de la producción o quiebra "hay un problema que afecta a los trabajadores". En este sentido, el ministro de Economía recordó que "existen elementos de apoyo de naturaleza social que se aplicarán en el caso de Delphi como en cualquier otro".
"Nuestro interés máximo", agregó el vicepresidente, sería que Delphi, que fabrica componentes de automóviles, siguiera desarrollando su actividad y con ese objetivo, subrayó, ya está trabajando la Junta de Andalucía, en colaboración con el Gobierno central. Preguntado por la posibilidad de recurrir al nuevo Fondo de Ajuste para la Globalización que la UE puso en marcha este año, Solbes explicó que el de Delphi "no es un caso típico" para ese fondo, aunque añadió que quizá podría utilizarse en el futuro.
"Nuestro interés máximo", agregó el vicepresidente, sería que Delphi, que fabrica componentes de automóviles, siguiera desarrollando su actividad y con ese objetivo, subrayó, ya está trabajando la Junta de Andalucía, en colaboración con el Gobierno central. Preguntado por la posibilidad de recurrir al nuevo Fondo de Ajuste para la Globalización que la UE puso en marcha este año, Solbes explicó que el de Delphi "no es un caso típico" para ese fondo, aunque añadió que quizá podría utilizarse en el futuro.
"Frente común"
El Gobierno andaluz, los sindicatos UGT y CCOO y el comité de empresa de Delphi se comprometieron hoy a mantener un "frente común" con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y de los 1.600 puestos de trabajo en la factoría de Puerto Real (Cádiz). Este compromiso se tomó durante la reunión que presidió esta tarde en Sevilla el titular de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con los responsables de UGT y CCOO de Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero respectivamente, y con el presidente del comité de empresa, Antonio Pina.
La crisis de Delphi será uno de los asuntos que Chaves presentará mañana en su entrevista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el consejero de Empleo, Antonio Fernández, en conferencia de prensa. En la misma conferencia de prensa, el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, anunció que la crisis de Delphi será uno de los asuntos que el titular de la Junta pondrá mañana martes sobre la mesa durante la entrevista que mantendrá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La crisis de Delphi será uno de los asuntos que Chaves presentará mañana en su entrevista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el consejero de Empleo, Antonio Fernández, en conferencia de prensa. En la misma conferencia de prensa, el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, anunció que la crisis de Delphi será uno de los asuntos que el titular de la Junta pondrá mañana martes sobre la mesa durante la entrevista que mantendrá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El reto ahora de la Administración y los sindicatos es "localizar" al interlocutor con capacidad de decisión de la empresa norteamericana, ya que ésta no ha comunicado oficialmente el cese de la actividad y se ha limitado a remitir una carta a los trabajadores, mientras que la Junta envió hoy mismo un requerimiento notarial en el que la advierte de que tiene la obligación de respetar el acuerdo social establecido hasta 2010. El consejero de Empleo, que no pudo concretar las ayudas públicas concedidas a esta empresa, ya que algunas no han sido aún abonadas, subrayó que la crisis de Delphi es una "prioridad política" para la Junta, aunque reconoció que la situación es "compleja" porque la multinacional está "difuminada" en 29 países.
Justificó el requerimiento notarial promovido por la Junta, una medida para "recordarles el cumplimiento de la ley, la cual no permite comunicar el cese de la actividad sin indicar el plan social correspondiente". A su juicio, lo más importante es "la presunción de que el conflicto tendrá solución, como lo han tenido todos los anteriores" y, en este sentido, resaltó que la Junta ha tenido siempre una "ruta muy clara" ante este tipo de conflictos, que resumió en la apuesta por el interés general y la búsqueda de soluciones.
La Junta no considera como hipótesis el cese de la actividad industrial en la bahía de Cádiz, como tampoco los sindicatos, aseguró el secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, quien recalcó que "no nos vamos a conformar con la presentación de un plan social para salir del paso". "No hay otro escenario que no sea el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo", subrayó Pastrana tras recordar que la empresa ha incumplido la legislación vigente.
El responsable de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, que resaltó la "prudencia, responsabilidad y serenidad" de los trabajadores, coincidió en que el primer objetivo es "identificar" al interlocutor para pedirle responsabilidades, así como mantener una "buena coordinación" con el fin de "trazar la hoja de ruta adecuada" para poder mantener el proyecto industrial. Rogó a los partidos políticos que defiendan el interés general frente a las posiciones partidarias porque la defensa de esta actividad económica es "una razón de Estado para Andalucía".
Pastrana, que insistió en que va a ser un proceso "de largo recorrido", coincidió en que es necesaria la suma de todas las fuerzas políticas y sociales, por lo que confió en que los partidos estén "a la altura de las circunstancias" y no traten de "instrumentalizar" este conflicto porque "intentar pescar en esta pecera no va a servir más que para dificultar la negociación". El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, que coincidió en que va a ser un proceso "largo y difícil", reveló que recibió llamadas de la empresa en un intento de "comprar voluntades" y "quitarse de en medio" a algunos trabajadores.
Explicó que los trabajadores recibieron una carta "fría" y se mostró convencido de que la reacción de los trabajadores de seguir con la actividad "les ha roto los esquemas" y, de ahí, el intento posterior de "comprar voluntades" para "abrir fisuras" entre los trabajadores. "No me hablaron de dinero, pero sí de negociar para comprar voluntades, para quitarse de en medio por menos dinero a trabajadores jóvenes que, según ellos, son absentistas", denunció Pina, que dijo que estaban esperando "a ver quien era el primero que pedía la cuenta para marcharse, pero no lo han logrado".
Justificó el requerimiento notarial promovido por la Junta, una medida para "recordarles el cumplimiento de la ley, la cual no permite comunicar el cese de la actividad sin indicar el plan social correspondiente". A su juicio, lo más importante es "la presunción de que el conflicto tendrá solución, como lo han tenido todos los anteriores" y, en este sentido, resaltó que la Junta ha tenido siempre una "ruta muy clara" ante este tipo de conflictos, que resumió en la apuesta por el interés general y la búsqueda de soluciones.
La Junta no considera como hipótesis el cese de la actividad industrial en la bahía de Cádiz, como tampoco los sindicatos, aseguró el secretario general de UGT de Andalucía, Manuel Pastrana, quien recalcó que "no nos vamos a conformar con la presentación de un plan social para salir del paso". "No hay otro escenario que no sea el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo", subrayó Pastrana tras recordar que la empresa ha incumplido la legislación vigente.
El responsable de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, que resaltó la "prudencia, responsabilidad y serenidad" de los trabajadores, coincidió en que el primer objetivo es "identificar" al interlocutor para pedirle responsabilidades, así como mantener una "buena coordinación" con el fin de "trazar la hoja de ruta adecuada" para poder mantener el proyecto industrial. Rogó a los partidos políticos que defiendan el interés general frente a las posiciones partidarias porque la defensa de esta actividad económica es "una razón de Estado para Andalucía".
Pastrana, que insistió en que va a ser un proceso "de largo recorrido", coincidió en que es necesaria la suma de todas las fuerzas políticas y sociales, por lo que confió en que los partidos estén "a la altura de las circunstancias" y no traten de "instrumentalizar" este conflicto porque "intentar pescar en esta pecera no va a servir más que para dificultar la negociación". El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, que coincidió en que va a ser un proceso "largo y difícil", reveló que recibió llamadas de la empresa en un intento de "comprar voluntades" y "quitarse de en medio" a algunos trabajadores.
Explicó que los trabajadores recibieron una carta "fría" y se mostró convencido de que la reacción de los trabajadores de seguir con la actividad "les ha roto los esquemas" y, de ahí, el intento posterior de "comprar voluntades" para "abrir fisuras" entre los trabajadores. "No me hablaron de dinero, pero sí de negociar para comprar voluntades, para quitarse de en medio por menos dinero a trabajadores jóvenes que, según ellos, son absentistas", denunció Pina, que dijo que estaban esperando "a ver quien era el primero que pedía la cuenta para marcharse, pero no lo han logrado".
Más de 60 millones de euros en subvenciones
La factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) recibió más de 60 millones de euros en subvenciones a través de la Junta de Andalucía y del Gobierno central desde 1986, según datos facilitados por el Gobierno autonómico a Europa Press. La primera partida, proveniente de la Junta y cifrada en más de 29 millones de euros, tenía como objetivo apoyar la instalación de la planta en Andalucía. Fechada en 1986, contaba con un compromiso de creación de un total de 1.363 puestos de trabajo.
También la empresa obtuvo unas subvenciones por incentivos económicos regionales, a través de una resolución estatal, por valor de más de 21 millones de euros. En concreto, una primera, que estaba fechada en octubre de 1995, ascendía a 3,8 millones de euros, y otra segunda, de marzo de 1996, quedó valorada en 3,4 millones. Además, Delphi fue beneficiaria de una ayuda proveniente del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual IDEA, cifrada en 237.399 euros y que le fue concedida en 1996.
Igualmente, fue objeto de partidas económicas denominadas ZAE (zona de actuación especial) por un valor superior a los diez millones de euros y divididas en tres. Una primera, solicitada en marzo de 1996, de 864.015 euros; una segunda, también de marzo de 1996, superior a los 5 millones de euros; y una tercera, de julio de 2005, de 4,6 millones de euros. Por otro lado, actualmente existen dos expedientes de incentivos en tramitación --ambos provenientes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio--, uno de ellos con fecha de resolución de diciembre de 2003 por valor de 4 millones, que ha sido solicitado su plazo de ampliación y cuya petición está en trámite.