Días antes firmó su testamento vital, un documento en el que expresó su voluntad de morir si se produjera un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos. "No acepto que haya medios que mantengan mi vida", dijo el pasado octubre esta mujer, que sufre una distrofia muscular progresiva que la obliga a estar postrada en una cama, y añadió que no tiene miedo a morir y que tiene esta idea clara desde los 20 años, cuando supo que no quería "seguir viviendo así".
Ahora ha recibido "bien" el dictamen del Comité Autonómico de Ética de la Junta, según manifestó este viernes a Efe su letrado, quien calificó la resolución de "un paso sustancial, muy importante y que crea un precedente grande". Advirtió, no obstante, de que aunque se trata de "un gran paso" no es el definitivo, ya que la Consejería de Salud ha pedido también su dictamen al Consejo Consultivo "para dar mayor protección jurídica a la viabilidad de la desconexión", señaló el abogado.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente, César Caballero, que ha asesorado a Inmaculada en todo el proceso, refirió a Efe que este dictamen es "positivo" tanto para la enferma como para el futuro "porque sienta un precedente para pacientes que en adelante se encuentren en una situación similar a la de Inmaculada y quieran hacer valer su derecho a morir dignamente".
Uno de los vocales del Comité, Pablo Simón, explicó a Efe que no se trata de un caso de solicitud de eutanasia sino de una decisión que "forma parte de la práctica habitual de muchos hospitales", como los enfermos oncológicos que rechazan continuar con la quimioterapia. Añadió que se han tenido en cuenta dos informes psiquiátricos y psicológicos, que señalan que la enferma está capacitada para hacer esta petición y que el Comité precisa en su dictamen que antes de retirarle el respirador se debe garantizar que ha planteado su solicitud "de forma libre y autónoma" y que tiene "toda la información necesaria de lo que sucederá".
También se puntualiza que la retirada del respirador debe hacerse bajo sedación profunda "para evitar al máximo el sufrimiento de la paciente" y que, en caso de que el equipo médico del Hospital San Rafael rechace hacerlo alegando objeción de conciencia, "el SAS deberá garantizar la satisfacción del derecho de Inmaculada trasladándola a otro hospital".
Simón apuntó que esta acción "no viola ningún precepto de deontología" y que es coherente con "la teología moral actual católica, que condena el encarnizamiento terapéutico". Por otra parte, fuentes del Consejo Consultivo de Andalucía señalaron que ya han recibido la petición de consulta de la Consejería de Salud y que tienen un plazo de un mes para emitir su resolución.