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La Junta de Andalucía emite un dictamen favorable a la petición de una paciente para que desconecten su respirador

El Consejo Consultivo, órgano de asesoramiento de la Junta de Andalucía, ha emitido un dictamen favorable a la petición de la paciente con distrofia muscular Inmaculada Echevarría, hospitalizada en Granada, para ser desconectada del respirador que la mantiene con vida desde hace nueve años. Esta decisión avala así la tesis formulada hace un mes por el Comité Autonómico de Ética, que dictaminó que la solicitud de la enferma es "un rechazo de tratamiento", un derecho reconocido en la ley española de autonomía del paciente. La dirección y los médicos del Hospital San Rafael de Granada decidieron no retirar ese dispositivo hasta saber si es legal que renuncie a su tratamiento y si están a cubierto de implicación penal los profesionales que intervengan en ese acto.

L D (EFE) La decisión de la comisión permanente del Consejo Consultivo de Andalucía permite que se le retire el respirador a Inmaculada Echevarría, avalando así la tesis formulada hace un mes por el Comité Autonómico de Ética, que dictaminó que la solicitud de la enferma es "un rechazo de tratamiento", un derecho reconocido en la ley española de autonomía del paciente.

Según fuentes del Consultivo, el dictamen recibió el voto particular de uno de los dos consejeros nombrados a propuesta del PP, lo que significa que no está de acuerdo con la decisión adoptada y que tendrá que argumentar también por escrito. Los miembros de este órgano llegaron este martes a una determinación, que no ha sido remitida todavía a la Consejería de Salud por estar aún en proceso de redacción, aunque se prevé que mañana pueda hacerse público, precisaron las fuentes.
 
Implicación penal de los médicos

La dirección y los médicos del Hospital San Rafael de Granada, donde está ingresada la mujer, de 51 años, desde hace nueve años conectada a un respirador que le mantiene con vida, decidieron el pasado 4 de febrero aplazar, hasta conocer ese dictamen, la decisión sobre la petición para que se le retire ese dispositivo. La cuestión formulada por la Consejería de Salud se centraba en si es legal que renuncie a su tratamiento y si están a cubierto de implicación penal los profesionales que puedan intervenir en ese acto de renuncia.

El dictamen de la Comisión Andaluza de Ética fue favorable a la petición de la paciente y, tras analizarlo, los responsables del centro hospitalario, que pertenece a la orden de San Juan de Dios, decidieron sumarse a la postura de la Consejería y aguardar al pronunciamiento del Consultivo.

Echevarría leyó el informe del Comité Autonómico de Ética en su día y, según informaron fuentes del centro sanitario, mantuvo su postura de que le quiten el respirador que le mantiene con vida, bajo sedación, para evitar un sufrimiento innecesario. Según el dictamen del Comité, la solicitud de Echevarría se encuadra en una limitación del esfuerzo terapéutico, un derecho reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente.

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