L D (EFE) Los congresistas entregaron este lunes la demanda contra la convocatoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al presidente del TC, Santiago Velázquez, quien la recibió y aseguró que se tramitará por el procedimiento de urgencia.
El pasado 1 de marzo, el TSE convocó a una consulta popular para el próximo 15 de abril en los términos en que la había solicitado el Gobierno de Rafael Correa. Al día siguiente, con los votos de 58 de los 100 diputados que lo componen, el Congreso decidió recurrir al Constitucional la convocatoria del TSE, al considerar que el estatuto enviado por el gobierno y ratificado por el ente electoral no respetaba el texto aprobado por el Legislativo sobre la consulta.
Larreátegui señaló que la demanda se debe a que el Congreso considera que el TSE y el presidente Correa se han arrogado funciones que corresponden al Legislativo a la hora de aprobar el estatuto que debe regir el referendo. También dijo que el Congreso prepara un juicio político a cuatro de los siete vocales del organismo electoral que aprobaron la consulta, en la que los ecuatorianos decidirán si quieren una Asamblea Constituyente.
El presidente del TSE, Jorge Acosta, amenazó el 2 de marzo pasado con sancionar a quienes interfieran en la consulta popular y recordó que, al estar ya en un proceso electoral, ese tribunal es "la máxima autoridad del país por sobre cualquier otra". Acosta remarcó, dirigiéndose al Congreso, que "cualquier sanción o juicio que se pretenda seguir en contra nuestro (los miembros del TSE), se debe hacer después de haber proclamado los resultados de la consulta".
Larreátegui señaló que la demanda se debe a que el Congreso considera que el TSE y el presidente Correa se han arrogado funciones que corresponden al Legislativo a la hora de aprobar el estatuto que debe regir el referendo. También dijo que el Congreso prepara un juicio político a cuatro de los siete vocales del organismo electoral que aprobaron la consulta, en la que los ecuatorianos decidirán si quieren una Asamblea Constituyente.
El presidente del TSE, Jorge Acosta, amenazó el 2 de marzo pasado con sancionar a quienes interfieran en la consulta popular y recordó que, al estar ya en un proceso electoral, ese tribunal es "la máxima autoridad del país por sobre cualquier otra". Acosta remarcó, dirigiéndose al Congreso, que "cualquier sanción o juicio que se pretenda seguir en contra nuestro (los miembros del TSE), se debe hacer después de haber proclamado los resultados de la consulta".