LD (Agencias) La dictadura de Corea del Norte se dispone a cerrar su reactor nuclear de Yongbyon para cumplir con los acuerdos firmados durante la cumbre multilateral de Pekín del trece de febrero. Según fuentes de la delegación negociadora china citadas por agencias de noticias, las autoridades norcoreanas están satisfechas de que EEUU haya desbloqueado los veinticinco millones de dólares –supuestamente producto de actividades ilícitas– que empresas de ese país depositaron en el Banco Delta Asia de Macao.
Las fuentes chinas adelantaron, además, que tras ese paso dado por Washington, en los próximos días se anunciará la autorización para que inspectores de la AIEA puedan ingresar al país y realizar visitas a sus instalaciones nucleares. La agencia de noticias surcoreana Yonhap ha difundido unas declaraciones en el mismo sentido del viceministro norcoreano de Exteriores, Kim Kye-gwan.
Otras fuentes cercanas a las negociaciones han considerado que el regreso norcoreano a la AIEA sea a principios de abril, cuando cierre su central nuclear de Yongbyon y lleguen los inspectores, lo que coincidirá además con la llegada de cincuenta mil toneladas de petróleo como parte de la ayuda internacional comprometida.
Por su parte, la Agencia Central de Noticias norcoreana (KCNA), órgano oficial de la dictadura comunista, ha instado al Gobierno de Japón a que deje de insistir en el tema de los ciudadanos nipones secuestrados por espías norcoreanos en lo años setenta y ochenta y actúe bajo los compromisos alcanzados en Pekín. La postura de Tokio, dice el diario, es "intencionada" y dirigida desde la derecha japonesa que no desean la desnuclearización de la península y la normalización de las relaciones entre ambos países.
Recientemente, el Gobierno japonés reiteró que no proporcionará ayudas a Corea del Norte mientras no se resuelva el problema de los secuestrados. En respuesta, Pyongyang recalcó que esas ayudas fueron incluidas en el acuerdo multipartito alcanzado y añadió que el tema en cuestión está ya resuelto. En contraparte, exigió a Tokio que indemnice a las víctimas de los crímenes cometidos durante la colonización nipona en la península coreana durante la primer mitad del siglo XX.