L D (EFE) La Asociación de Fiscales cree que "el control judicial realizado no puede ocultar los enormes interrogantes que nos suscita esta decisión gubernamental, puesto que toda progresión de grado penitenciario ha de estar orientada a la finalidad última de cualquier pena, que es la reinserción social".
Sin embargo, esta asociación de fiscales desconoce los criterios resocializadores que han sido valorados en este supuesto, "en el que ni siquiera ha habido el más mínimo arrepentimiento, y tampoco sabemos las consecuencias jurídicas que se derivarían de una mejora hipotética de su salud".
En todo caso, explica, una situación de deterioro físico "derivada de un acto voluntario como es una huelga de hambre no puede ser equiparada con una enfermedad grave y terminal, lo que supone un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares, y un agravio comparativo para el resto de penados que cumplen su condena en régimen ordinario".
Sin embargo, esta asociación de fiscales desconoce los criterios resocializadores que han sido valorados en este supuesto, "en el que ni siquiera ha habido el más mínimo arrepentimiento, y tampoco sabemos las consecuencias jurídicas que se derivarían de una mejora hipotética de su salud".
En todo caso, explica, una situación de deterioro físico "derivada de un acto voluntario como es una huelga de hambre no puede ser equiparada con una enfermedad grave y terminal, lo que supone un desenfoque jurídico sin precedentes en casos similares, y un agravio comparativo para el resto de penados que cumplen su condena en régimen ordinario".
"Una mala noticia"
Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco Juan Pablo González ha calificado este lunes de "mala noticia" para el Estado de Derecho que se "ceda al chantaje" del preso de ETA Iñaki De Juana.
Además, consideró que la decisión se ha adoptado por razones "estrictamente" políticas, por lo que el Gobierno central tendrá que "responder" ante los ciudadanos, y advirtió de que podría producirse un efecto dominó con otros reclusos, "con la consecuencia demoledora de pérdida de legitimidad y coherencia".
En este sentido, consideró que es "un paso atrás en la defensa de nuestras instituciones y en la lucha contra ETA desde la firmeza y la fortaleza del Estado de Derecho". Añadió que "un principio fundamental" en democracia es que "no se puede aceptar el chantaje en ningún caso de una organización terrorista". En esta línea, preguntó por qué razón "se da un trato de privilegio a un preso que ni siquiera se ha arrepentido de sus crímenes".
"Efecto contagio"
Por el contrario, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, rechazó que la concesión del segundo grado al etarra Ignacio de Juana Chaos tras pasar más de cien días en huelga de hambre pueda producir un "efecto contagio" en las cárceles españolas.
Gallizo pidió que no se especule con el efecto que la medida del Gobierno pueda tener en las prisiones porque, según explicó, "son sitios muy sensibles" en los que "hay que tener un gran sentido de la responsabilidad". A
sí, tras indicar que en la actualidad la gente no opta por dejar de comer por razones políticas, recordó que dos miembros de los GRAPO fallecieron como consecuencia de sendas huelgas de hambre y aseguró que la muerte del segundo de ellos provocó que 64 simpatizantes siguieran su ejemplo y dejaran de comer "con consecuencias devastadoras para su salud y atentados". "Es una historia que no queremos que vuelva a reproducirse", subrayó.