LD (M. Llamas) El titular de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido que la economía nacional vive un momento de "desaceleración", pero ha negado que el país se encuentre "ante una catástrofe". Dicho ajuste se debe, fundamentalmente, a la brusca caída de actividad que viene experimentando el sector inmobiliario a lo largo de los últimos meses, tal y como recientemente ha reconocido el propio Gobierno, pese a negarse durante el pasado año a hablar de ello.
Tras una conferencia en Vitoria ante decenas de empresarios vascos, bajo el título de Las perspectivas de la economía española, Solbes opinó que, ante esta situación, el Estado no debe intervenir en el sector inmobiliario "cuando las cosas van mal", en referencia a los últimas informaciones surgidas en torno a la aprobación de un plan de rescate financiero de dimensiones multimillonarias (se ha hablado de hasta 10.000 millones de euros) a través de la concesión de créditos blandos por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y es que, tal proyecto, ideado desde la Oficina Económica del presidente del Gobierno, no es visto con buenos ojos por el ministro de Economía.
El problema de fondo radica en que múltiples promotoras viven una auténtica situación de asfixia crediticia debido, entre otros motivos, a la restricción de préstamos que las entidades financieras comenzaron a aplicar desde el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en EEUU, el pasado verano. La falta de liquidez en el mercado interbancario, unido al elevado sobreendeudamiento que sufre gran parte de las promotoras, ha situado a numerosas compañías al borde del abismo.
Créditos blandos del ICO
Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, desde hace meses, el lobby que agrupa a las principales inmobiliarias del país (G-14) venían reuniéndose con representantes del Ejecutivo para acordar una solución a este tipo de problemas. El propio director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, mostró su plena disposición a atender las peticiones provenientes del sector inmobiliario nacional durante un encuentro mantenido con los constructores madrileños a mediados del pasado mes de enero. Pese a ello, las dudas jurídicas que pudiera acarrear la aprobación de un plan de rescate crediticio de estas características por parte de Bruselas parece haber supuesto el "no" explícito de Solbes.
Así, según el ministro de Economía y Hacienda, "no es mi filosofía que el Estado tenga que entrar en un sector como el inmobiliario", para a continuación añadir que la Administración Pública "sí que tiene que actuar en un punto concreto: El de potenciar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO)".
"¿Debemos, como algunos piensan, actuar como en los viejos tiempos, dando respaldo a algunas empresas que han apostado de forma más atrevida que otras, lo cual les ha permitido ganar mucho dinero, y cuando las cosas van mal es el Estado el que debe actuar? Desde luego, no es mi filosofía, estoy en radical desacuerdo con esas ideas".
Por ello, a modo de solución alternativa, apuesta por "jugar más fuerte" en el ámbito de VPO, pese a que "sabemos que resulta muy complicado porque hay competencias locales y autonómicas" en este ámbito. Y es que, los ejecutivos autonómicos tienen, junto a los ayuntamientos, las competencias transferidas en materia de vivienda y urbanismo. Con esta medida, "mantendríamos la actividad de la construcción de manera sustancial" dando, además, "salida al estrato de la población que no puede acceder a la vivienda libre", según Solbes.
El titular de Economía ha reiterado que "cualquier idea sana y sensata es discutible, pero cualquier idea que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando a éste le va mal, a mí me resulta muy difícil de aceptar". Sin embargo, el supuesto liberalismo propugnado por el vicepresidente económico en poco o nada se asemeja a la realidad de las acciones emprendidas por el Gobierno al que representa, y mucho menos a la situación de elevada intervención que acusa el sector inmobiliario español.
Por ello, a modo de solución alternativa, apuesta por "jugar más fuerte" en el ámbito de VPO, pese a que "sabemos que resulta muy complicado porque hay competencias locales y autonómicas" en este ámbito. Y es que, los ejecutivos autonómicos tienen, junto a los ayuntamientos, las competencias transferidas en materia de vivienda y urbanismo. Con esta medida, "mantendríamos la actividad de la construcción de manera sustancial" dando, además, "salida al estrato de la población que no puede acceder a la vivienda libre", según Solbes.
El titular de Economía ha reiterado que "cualquier idea sana y sensata es discutible, pero cualquier idea que implique que el Estado deba sustituir al empresario cuando a éste le va mal, a mí me resulta muy difícil de aceptar". Sin embargo, el supuesto liberalismo propugnado por el vicepresidente económico en poco o nada se asemeja a la realidad de las acciones emprendidas por el Gobierno al que representa, y mucho menos a la situación de elevada intervención que acusa el sector inmobiliario español.
Los flotadores del Gobierno
Así, desde las primeras señales de debilitamiento por parte de dicha actividad, a mediados de 2007, el Estado comenzó a engrasar su maquinaria para dotar de oxígeno a una rama que, según los datos oficiales, supone cerca del 12% del PIB nacional y ocupa a casi el 20% de la población activa. Desde entonces, el Gobierno, con la ministra de Vivienda, Carme Chacón, a la cabeza, ha revertido, en gran medida, parte de su estrategia política enfocada hacia combatir la "peor lacra" de la sociedad española: La especulación urbanística. Entre las principales acciones del Gobierno, emprendidas hasta el momento, destacan las siguientes:
- Chacón aprobó el pasado 11 de enero la reforma del Plan de Vivienda 2005-2008, con el fin de incentivar la edificación de pisos protegidos destinados a las clases medias y bajas, así como fomentar el alquiler de viviendas mediante subvenciones públicas. De este modo, el Ejecutivo decidió elevar el precio de venta (4,12 por ciento) y las rentas del alquiler de este tipo de inmuebles para atraer a los promotores. Y ello, mediante el aumento de la financiación pública y rentabilidad de la VPO. También dio luz verde para impulsar la vivienda de precio tasado (VPT). Una figura desusada en el mercado nacional, que consiste en ofrecer pisos con precios inferiores a los de mercado, con el objetivo de extender su acceso a la clase media (su nivel de renta les impide acceder a VPO).
- Igualmente, el pasado 23 de enero, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el socialista Pedro Castro, en colaboración con el G-14 y el propio Ministerio de Vivienda, acordaron la construcción de 200.000 pisos de VPO al año con un doble objetivo: “facilitar” el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos y “garantizar” la actividad de la construcción y el mantenimiento del empleo en el sector, dada la crisis que padece.
- El Instituto de crédito Oficial (ICO) aprobó el pasado 28 de enero la concesión de avales bancarios a fondos de titulación de activos hasta un volumen de 3.000 millones de euros para facilitar la financiación de hipotecas destinadas a la compra de VPO. Dicha medida fue aprobada por el propio ministro Solbes.
- Mientras, el pasado 1 de febrero, el Ministerio de Economía, nuevamente, movió ficha en favor de las inmobiliarias. Publicó una orden ministerial para aclarar y flexibilizar las normas de valoración de suelo. Con esta medida, el Gobierno pretende resolver los importantes obstáculos de financiación que ha originado la Ley de Suelo, en vigor desde el pasado mes de julio, ideada por el propio Gobierno. Y es que, la aprobación de esta norma, que califica el suelo en rústico o urbano, amplía, en gran medida, la capacidad expropiatoria del Estado, al tiempo que elimina el sistema de justiprecio, con lo que abarata la adquisición (la anterior calificación de suelo urbanizable pasa a valorarse como rústico, en base a la capitalización de rentas agrarias).
En definitiva, más gasto público, ya sea a través de subvenciones directas, ayudas estatales, o mecanismos de financiación alternativa, para tratar de relanzar el sector. Es decir, intervención directa por parte del Estado para intentar rescatar a las inmobiliarias.
Pese a ello, los expertos consultados consideran que la marcha atrás iniciada por el Gobierno no dará los resultados esperados. Los últimos informes al respecto indican la destrucción neta de un millón de empleos y la desaparición de casi la mitad de las empresas inmobiliarias, debido a la crisis, tanto de actividad como, sobre todo, de solvencia, que padece el mercado de la vivienda en España.
De este modo, durante el último trimestre, el Ejecutivo ha cambiado el rumbo de la estrategia política que puso en marcha a principios de legislatura, con el fin de erradicar la temida especulación urbanística que tanto “daño” había causado a la economía española. La Ley de Suelo ha sido, precisamente, la principal herramienta que ha empleado el Gobierno para acabar con los promotores. Y esto, justo en un momento en el que este mercado sufre un brusco cambio de ciclo. “Parece que ahora se están dando cuenta de su error”, según comentan a LD fuentes del sector.
Pese a ello, el propio Caldera ha afirmado hoy que "casi el 50% de la construcción depende de la obra civil (...) Lo digo para que lo tengamos en cuenta cuando los agoreros de la desgracia de la construcción se ciernen como buitres para hundir a este sector". Según Caldera, "jamás en mi vida política he visto unos ataques tan desaforados como los que últimamente se han producido contra la construcción en España".