Con su deposición, el jefe máximo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, considerada una unidad de élite destinada a realizar las investigaciones más delicadas encomendadas al Cuerpo, ha conseguido que, si la UCO no es culpable, lo parezca definitivamente. Y es que, que su responsable, el coronel Félix Hernando, se atreviera a decir que el confidente Rafá Zouhier se reunió con los miembros de su unidad el día después de los atentados para desarticular una red de falsificación de tarjetas de crédito y que ni siquiera le preguntaron por la masacre es que nos toma a todos, pero especialmente a los familiares de los muertos y a los heridos, por tontos profundos. Y eso, la verdad sea dicha, pasa de castaño oscuro y hasta ofende.
Lo cierto es que tal y como el coronel no tuvo más remedio que reconocer, el confidente Zouhier, al que calificó genéricamente como “estiércol”, y los agentes del cuerpo identificados como Víctor, Rafa y Paco conocían desde un año antes la existencia del “clan de los asturianos” y estaban al tanto de que disponían de cerca de 300 kilos de Goma-2 sustraída en la cuenca minera. Incluso llegaron a tener en sus manos una muestra de la dinamita. En lugar de proceder a su detención como era su obligación al tratarse de una cantidad tal de explosivos con la que se podía volar un edificio de veinte plantas, por oscuras razones todavía no aclaradas, los dejaron en libertad hasta que los delincuentes entraron en contacto con los terroristas marroquíes y les vendieron su mortífera carga de muerte. A pesar de que no se trataba de un “asunto de trapicheo”, Hernando excusó su sospechosa falta de cumplimiento con el deber asegurando que comunicó los hechos a la comandancia de Asturias y que después se cruzó de brazos.
En su increíble e inverosímil explicación insistió en que, únicamente, a requerimiento de una investigación sobre una red de tarjetas de crédito llevada a cabo en Barcelona, son los agentes de la UCO quienes 24 horas después de los atentados se ponen en contacto con Zouhier, pero no para nada que tuviera que ver con la brutal masacre. ¿No tenía otra cosa que hacer la unidad de élite de la Guardia civil que pasearse con Rafá Zouhier por la capital de España para ayudar a sus colegas de Barcelona en el esclarecimiento de una red de tarjetas de crédito con 192 muertos encima de la mesa y casi dos millares de heridos?
Las mentiras tienen las patas muy cortas. Fue el propio Hernando quien se delató. Sometido a un duro interrogatorio por el diputado Vicente Martínez Pujalte se le escapó “le puedo decir que las llamadas de Zouhier a Víctor –el agente de la UCO– se produjeron también los días 4, 9, y 10 de marzo". Por lo tanto, la realidad fue que Rafá Zouhier y los agentes de la UCO estuvieron en contacto casi permanente los días previos y posteriores a la brutal masacre. Y encima pretendía hacernos creer que cuando toda la policía española y de parte del extranjero se dedicaba a capturar a los terroristas ellos estaban tras un simple falsificador de tarjetas.
La guinda se produjo al final. A preguntas de un comisionado, Hernando afirmó sin inmutarse que el confidente corría peligro de muerte por su participación en las operaciones Hierro y Merlín destinadas a desarticular dos tramas de delincuencia organizada. Para algunos de los presentes la alusión sonó a algo parecido a una amenaza del jefe de la Guardia Civil hacia su contacto en el mundo del hampa.
La esperpéntica declaración del coronel acusado de llevar los maletines de la trama del Gal a Suiza, y la penosa y patética intervención de los representantes de la soberanía popular, salvo el PP, otrora ansiosos de saber la verdad y sumidos ahora en la más vergonzante complicidad con la trama negra del 11-M ha producido, como augurábamos desde esta columna, uno de los episodios más escandalosos de la democracia parlamentaria española. 