Más allá de su efectividad –aún por determinar–, el referéndum recientemente convocado por la oposición venezolana volvió a poner de manifiesto el talante antidemocrático del chavismo, incluyendo la deriva castrista que, presente ya en todos los órdenes de la gestión gubernamental, pretende conducir al país al callejón sin salida del totalitarismo. Los observadores internacionales, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, deben haber tomado nota de la clase de Gobierno con el que están tratando. Las acusaciones de fraude proferidas por Hugo Chávez, quien echó mano a una de sus habituales cantilenas beisboleras para asegurar que desconocería los resultados en su contra, enmarcan la segunda etapa del largo viaje hacia el Revocatorio. Se trata de un interludio que el ex golpista intentará enrarecer, obstruyendo en la medida de sus posibilidades, que no son pocas, la vía de las urnas.
Una estrategia serenamente refutada por la oposición y otros actores del proceso, en lo que recuerda el fastidio del psiquiatra que escucha, entre hastiado y distraído, las fantasías del desequilibrado mental. César Gaviria, Jennifer Mc Coy y otros observadores, el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta la Casa Blanca, han asumido una postura vagamente conciliadora, de bajo perfil, que desde sus respectivos matices coincide en reconocer que corresponde al CNE, y sólo al CNE –debidamente flanqueado por garantes internacionales–, verificar la autenticidad de las firmas que buscan la salida de Chávez y/o establecer su cómputo definitivo. Acusar de fraude masivo –el chavismo en ningún momento se ha referido a irregularidades aisladas– a una oposición que no dispuso ni dispone de influencias en las instituciones electorales claves, parece, cuando menos, pueril. Instrumentalmente hablando, es el CNE el que está en condiciones de detectar eventuales timos o falsificaciones. Una estafa de las proporciones a las que alude Miraflores –cerca de dos millones de rúbricas adulteradas, pues la Coordinadora Democrática anunció la recolección de 3 600.000– sólo sería posible a posteriori y bajo la batuta del susodicho CNE, en el que el chavismo tiene mayoría.
La estrategia del Gobierno, empeñado en caldear los ánimos y meter a la oposición en la dinámica del zafarrancho verbal y la confrontación callejera, no ha rendido frutos. Tampoco las numerosas alteraciones al proceso electoral infligidas por el chavismo, que procuró dinamitar siempre que pudo el normal desenvolvimiento del Reafirmazo. Así, la Coordinadora Democrática había solicitado más de 8000 oficinas colectoras, y apenas consiguió 3000; el oficialismo cerró los aeropuertos privados y la frontera con Colombia, impidiendo que se recaudaran miles de firmas; voluntarios de la sociedad civil fueron hostigados y detenidos por militares afines a Chávez, a quienes los observadores internacionales, y el propio CNE, debieron llamar al orden; a pesar de que las normas lo prohibían, Miraflores desplegó un impresionante operativo disuasorio, sembrando el país de ferias y agromercados en los que muchos productos deficitarios –gracias al ex teniente de paracaidistas y su mentor de La Habana el nivel de vida venezolano ha descendido críticamente– se ofrecían a precio de saldo.
Finalmente, músicos como Silvio Rodríguez, Amaury Pérez y Carlos Varela, que en fecha reciente justificaran la represión y los fusilamientos del castrismo, viajaron desde Cuba para cantar en Caracas, junto a la masa chavista –trasladada en autobuses del Estado amamantados con petróleo del Estado desde lo más intrincado de la geografía venezolana–, los logros de la “revolución bolivariana”. Inútil derramamiento de combustible: el único concierto que aceptará Venezuela es el de las urnas.