A pesar de que el problema de la violencia doméstica parece que no se resuelve, es al contrario, cada vez hay más apoyo social a lo que antes sólo era un problema familiar, íntimo, que era mejor que no saliera del ámbito doméstico. Así, en este año 2003 jurídicamente se ha avanzado bastante en este tema. Con la orden de protección y con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez de Guardia, en un plazo de 72 horas, ha de resolver sobre la orden de alejamiento del maltratador, además de sobre cuestiones de índole civil, como el uso de la vivienda familiar, la prestación de alimentos o la custodia de los hijos. Todo ello, de conformidad con el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su vez, con la reforma proveniente de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, los juicios de violencia doméstica se celebran en un plazo de 15 días –si se trata de delito– o de 7 días –si se trata de falta–.
En el último año, nuevamente se ha modificado el delito de violencia doméstica y, actualmente, todo hecho que no sea amenaza leve se convierte en delito, siendo tanto el trato degradante o el golpeo o maltrato de obra, como las amenazas con armas o instrumentos peligrosos, sancionado, como delito, con una pena de 3 meses a 1 año de prisión o a trabajos en beneficio de la comunidad, en su defecto.
En cualquier caso, y sea como delito o como falta, la condena lleva inexorablemente unida la sanción de alejamiento de la víctima, que implica, en la práctica, no acercarse a su domicilio o lugar de trabajo o a ella misma, se encuentre donde se encuentre, y no comunicarse con ella por cualquier medio.
Por la poca cuantía de la pena de prisión –que no se cumple en realidad–, lo práctico es la rapidez de la orden de protección, pero este hecho se va consiguiendo por la propia existencia de los juicios rápidos. Otra cosa, evidentemente, es el grado de cumplimiento de esta orden de protección, o de la sanción de alejamiento, un problema todavía no resuelto, ya que tanto en uno como en otro caso, no es más que una resolución judicial que ha de cumplirse. Así, la colaboración de las víctimas y de las fuerzas de seguridad es esencial en este punto, colaboración de las víctimas que ha de manifestarse en dar aviso a la policía tan pronto como su agresor incumple la orden de alejamiento.
En numerosas ocasiones, esto último no se produce, ya que la existencia de vínculos afectivos entre agresor y agredida, todavía no rotos, hace que estos contactos se sigan manteniendo, sea por la existencia de hijos comunes o por otros motivos. Pero se están dando pasos en la buena dirección, unos pasos que se manifiestan en las reformas legislativas indicadas, y también en la existencia de puntos de encuentro para que los hijos puedan, sin riesgo para la víctima, relacionarse con sus padres, o la propia existencia de ayudas económicas o casas de acogida para mujeres maltratadas. Así, si bien es cierto que año a año asciende el número de muertes por violencia doméstica y este hecho es lamentable, también lo es que las estadísticas son más rigurosas y que la mayor concienciación social de las propias mujeres maltratadas hace que día a día sean más y más pronto las que reclaman ayuda.
En este punto, es necesario indicar que estos delitos han estado durante mucho tiempo ocultos y que, actualmente, desde que el maltrato se inicia hasta la primera denuncia, transcurre un plazo de 5 a 10 años, plazo que, aún siendo elevado, paulatinamente se va reduciendo. Para finalizar, la violencia doméstica no es algo novedoso, de nuestros días, sino que siempre ha existido como delito oculto, debido fundamentalmente a factores culturales (la alcoholemia es un factor de riesgo, pero no la causa del maltrato, a juicio de los especialistas), de la misma forma que las mujeres que sufren esta situación no ven un futuro posible más allá de la relación que mantienen, y ese miedo a su futuro, no sólo económico, también afectivo, hace que intenten ocultar y enfrentarse a una situación que, una vez iniciada, tiene grandes posibilidades de mantenerse en el tiempo. Pero, a pesar del alarmismo y de las últimas noticias, se avanza en la lucha contra este problema jurídico, pero también social.