La huelga de médicos de la sanidad gallega tuvo esta semana un bajo nivel de acatamiento que apenas rozó el 14 por ciento. Los reclamos sindicales, que exigen una mejora de sus condiciones laborales y una subida salarial, fueron desoídos por los trabajadores, quienes parecen conocer los números presupuestarios mejor que los propios sindicalistas.
En efecto, desde el año 1992 la plantilla del Servicio Galego de Saúde (Sergas) pasó de las 20.600 plazas a las 29.637 actuales, lo que supone un incremento cercano al 44 por ciento. Además, las cuentas de la Administración sanitaria gallega para 2004 reflejan un crecimiento económico del 7,2 por ciento para el capítulo de gastos de personal. Los números contradicen las reclamas sindicales, ya que durante el año pasado el presupuesto dedicó un aumento de 43 millones de euros especialmente destinados para mejorar los salarios del personal. El presupuesto global también creció alcanzando la suma de 2.248 millones de euros.
Así todo, la Voz de Galicia le dedica un espacio inmejorable dentro de sus páginas al profesor Xaquín Álvarez Corbacho para que diga que “los problemas financieros del Sergas se entienden mejor si afloran todos los intereses que esconde su presupuesto” para luego arremeter contra las empresas farmacéuticas, el sector privado de salud, la ideología neoliberal y todos aquellos que justifican el “desguace calculado del sector público”.
A fuerza de negar datos estadísticos concretos y con el convencimiento de que se puede vivir del aire, el autor comete el mismo error que los sindicalistas: inventa una crisis donde no la hay. Disfraza fallos estructurales con problemas presupuestarios para poder repartir culpas y acusaciones a nivel político. No vamos a negar que el Sergas tiene problemas que todo el mundo conoce, a saber, las interminables lista de espera, la falta de control en el gasto y el alto grado de absentismo entre sus empleados. Pero achacar esas irregularidades a la “lógica mercantil”, como hace Álvarez Corbacho, es un disparate impropio de un catedrático universitario.
En realidad, lo que esconde el chantaje sindical, además de su oportunismo electoral, es el miedo a los mercados abiertos y competitivos. La realidad también dice que el Sergas ha sido desprolijo en el manejo de sus cuentas. Las estafas y abusos que existen en la venta de medicamentos recetados es imposible de aguantar, aún gastando 65 millones de euros al año como hace el Sergas. Por lo tanto, el apriete sindical es un aviso a los políticos de que cualquier intento de privatización o tercerización de los servicios sanitarios a manos privadas será combatido con uñas y dientes. Este análisis pudo comprobarse recientemente en los agitados reclamos que originó el rumor de una futura privatización del área de lavandería del Hospital Juan Canalejo en A Coruña.
Como han demostrado los trabajadores con sensatez, los problemas del Sergas no son presupuestarios. Ahora sería deseable que las autoridades tengan la misma sensatez a la hora de controlar el exceso de gasto del Sergas, con el fin de abrir el juego al sector privado e ignorar las proclamas sindicalistas, anacrónicas y pomposas como discurso escolar.