Cuando Maragall creía —como Rodríguez Ibarra y la inmensa mayoría de los españoles antes del 11M— que el Partido Popular iba a ganar las elecciones generales del 14M, el presidente catalán advirtió que, aunque la futura mayoría en las Cortes Generales se opusiera a la convocatoria de un referéndum sobre el nuevo estatuto de autonomía catalán, él lo llevaría adelante.
José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de reprobar entonces las amenazas de “drama” y la disposición de Maragall a saltarse la ley con tal de llevar a cabo sus objetivos de la mano de los secesionistas catalanes, respaldó abiertamente la actitud del presidente autonómico, delatando ya entonces no sólo la extrema peligrosidad que, para nuestra convivencia constitucional, conllevaba su debilidad moral y política, sino también el hecho de que entre esa abrumadora mayoría de españoles que creía que el PSOE no iba a ganar el 14-M se encontraba él mismo, el propio aspirante socialista a la Presidencia de Gobierno.
Prueba de ello fue que, en lugar de expresar su confianza en que el PSOE y sus posibles aliados lograsen una nueva mayoría en el Parlamento que diera luz verde a Maragall y que hiciera, por tanto, innecesario el siempre indefendible recuso a la ilegalidad, Zapatero empezó poco a poco a desligarse de la frontal oposición del PP a los proyectos secesionistas que venían del País Vasco y que también pasaban por una consulta popular del Plan Ibarretxe, con o sin autorización de las Cortes Generales.
El PSOE pasó entonces no sólo a impedir que la Federación de Municipios de España hiciera público su rechazo a las propuestas de Ibarretxe, sino que se opuso tambien, desde el primer momento y frontalmente, a que el Gobierno tratara de disuadir esas consultas —ya entonces ilegales— con una reforma del Código Penal.
La reforma del Código Penal, que el Gobierno del PP presentó al PSOE tan estérilmente al consenso y que finalmente tuvo que ser aprobada en solitario por los populares, no sólo citaba por su nombre esos referendos ilegales —que el Código Penal ya proscribía de forma general y vaga en el articulo 506— , sino que endurecía las penas que afrontarían quienes los convocaran: de entre uno y tres hasta entre tres y cinco años de prisión.
Llegados a este punto sólo falta recordar la ingente cantidad de “tontos útiles” que, sin pertenecer a la obediencia del PSOE —menos aún a la de los nacionalistas—, creyeron en aquellos días demostrar su independencia de criterio o bien devaluando la gravedad de lo que entonces estaba pasando o bien haciendo directamente el juego al PSOE, con argumentos de leguleyo carentes, además, de todo fundamento jurídico.
Ahora, sin embargo, tras los resultados electorales que se recolectaron tres días después del 11-M, evidentemente Maragall y Carod Rovira ya no necesitan saltarse la ley, pues cuentan con apoyos suficientes en las Cortes Generales de España para someter a referéndum al nuevo e inconstitucional estatuto de autonomía que preparan socialistas e independentistas catalanes en el Parlamento autonómico. El único obstáculo que encontraría ese estatuto sería, una vez ya aprobado, el Tribunal Constitucional. Y eso, dando por hecho que Rajoy cumpla con su deber para con sus votantes en lo relacionado con la reforma de nuestra Carta Magna.
Pero, volviendo a etapas previas: si Maragall y Rovira cuentan con el apoyo parlamentario de Zapatero, ya no necesitan recurrir a una consulta ilegal como la que todavía requieren los independentistas vascos. La única forma que tendría Ibarretxe de celebrar su referéndum sin violar la ley sería lograr el respaldo del PSOE en las Cortes Generales.
Es verdad que Maragall ha afirmado más de una vez que el Plan Ibarretxe “es aceptable en el fondo aunque no lo sea la forma”. Sin embargo, el balón de oxígeno de los socialistas a los independentistas vascos no creemos que vaya ahora a pasar por que Zapatero defienda abiertamente las tesis de Maragall, hasta el punto de permitir con su voto que la consulta de Ibarretxe cumpla las formas de procedimiento. Eso volvería a llevar al PSOE a una situación en los sondeos peor aún de como estaba antes del 11-M.
Sin embargo, y como persona de tanto como falso “talante”, Zapatero no puede, por lo visto, sostener una legislación que, lógicamente, contempla penas de prisión para los nacionalistas que lleguen a consumar sus anuncios de delito, por lo que acaba de anunciar que va a erradicar como tal las consultas ilegales de aquellos que, sin tener autorización de las Cortes Generales, convoquen a los ciudadanos a las urnas en sus respectivas comunidades autónomas.
Ese balón de oxigeno a los proyectos secesionistas vascos debería resultar, sin embargo, casi igual de evidente: yo no les voy a dar permiso con mi voto, pero ustedes sáltenselo y violen tranquilos la ley, tal y como se proponen, que yo les evitaré todo efecto penal. En lugar de mantener la disuasión de la ley, Zapatero evita así a los independentistas vascos los costes de su transgresión. En lugar de penas, mucho talante. En lugar de Aznar, ZP. Y esto, con la ayuda de la propaganda, desgasta electoralmente mucho menos.
Aun el mejor de los casos, el nuevo presidente de Gobierno, simplemente, no sabe lo que está haciendo. Pero convendrán los lectores que, en tal caso, estamos ante un absoluto, integral y peligroso irresponsable.