El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de Hassan El Haski, detenido el pasado viernes en Lanzarote. En su auto de prisión, Del Olmo incluye un informe policial que concluye de forma provisional que los atentados del 11-M fueron la 'reacción' a la participación de España en la guerra de Irak.
Si desde el punto de vista social y político resulta bochornosa la determinación del PSOE y de sus socios de oposición al PP de acabar con la Comisión de Investigación del 11-M, la hipótesis de que el juez del Olmo podría barajar la posibilidad de establecer ya conclusiones “provisionales” supondría un golpe de gracia al Estado de Derecho y un motivo evidente y sin precedentes de desconfianza e inseguridad jurídica.
Nos negamos a creer que el juez Del Olmo sea capaz de plantearse algo tan inaudito e improcedente, procesal y jurídicamente, como sería elevar ya a conclusiones provisionales lo que debe estar aun en fase de instrucción y de investigación policial. No obstante, no nos deja de resultar alarmante la existencia de informes policiales que ya se arroguen pretenciosamente la capacidad de establecer conclusiones de un caso tan notoriamente abierto como el del 11-M y que el juez le haya dado tal relevancia en el resumen de hechos adjunto a su último auto de prisión. Hasta tal punto ha sido la relevancia judicial otorgada al informe policial de marras, que incluso la práctica totalidad de los diarios en sus ediciones digitales consideraban dicha improcedente valoración como una conclusión del caso dictaminada por el propio juez.
Téngase en cuenta que, sin ir más lejos, el representante del PSOE, Juan Luis Rascón, pocas horas antes de darse a conocer el auto del Juez del Olmo, no se atrevió en televisión a negar ni la importancia de las preguntas ni el desconocimiento público de las respuestas de algunos decisivos interrogantes que le expuso el director de El Mundo en el programa 59 segundos. La excusa dada por el representante socialista para, pese a ello, mantener su disposición a clausurar la Comisión de Investigación, fue la de decir que era la instrucción judicial la que se encargaría de despejar esas incógnitas.
Téngase en cuenta que entre esos agujeros negros del 11-M está el descubrimiento de los contactos marroquíes de un imputado en el 11-M que, como Suárez Trashorras, ya buscaba en el verano de 2001, “quien supiera montar bombas con teléfonos móviles”. ¿Es compatible este descubrimiento con un informe policial que ahora considera lo del 11-M como una mera reacción a una guerra que se produjo mucho después del 2001? ¿Es concluyente este informe cuando los terroristas islamistas, pese haberlos intentado contentar en Irak—o precisamente por ello— siguen teniendo a España como objetivo?
Entiéndasenos bien. Por supuesto que los terroristas islamistas —como los etarras—rechazaba la política de Aznar; entre otras cosas, porque era contraria a sus intereses. Pero señalar este hecho innegable como conclusión, aunque sea provisional, del caso es ganas de que la Justicia dé un carpetazo tan indecente como el que en la Comisión pretenden llevar a cabo unos grupos políticos que no tuvieron empacho en buscar una victoria electoral en el mayor atentado de nuestra historia.