Si existiera un dispositivo que midiera la calidad y la cantidad de democracia y libertad de un país, hubiera registrado índices muy preocupantes en las últimas semanas.
La razón es que han sido varias las actuaciones del Gobierno socialista que comprometen seriamente las libertades públicas e individuales, y en mi opinión no se trata de hechos aislados, sino que obedecen a una determinada concepción del poder.
La detención ilegal de dos ciudadanos por motivos políticos, el espionaje a un ex presidente del Gobierno y la política audiovisual perpetraba por el último Consejo de Ministros constituyen una tríada fatal en lo que a democracia se refiere. Podríamos sumar aquí la campaña programada e intimidatoria que sufrió el Gobierno de Aznar y el Partido Popular, legítimamente elegidos por los españoles, pero eso nos alejaría del sentido de este artículo. Considero, en todo caso, que el caso de los dos detenidos políticos debe ser recordado por todos, porque su memoria será la mejor vacuna para el futuro.
Las tres actuaciones mencionadas –detenciones ilegales, espionaje político y ataque a la pluralidad– tienen en común que en todas ellas un Gobierno se sirve del Estado –ya sea de la Policía, la Diplomacia o la Comunicación pública– para perseguir o doblegar al adversario político y sacar provecho partidista. En los tres casos, quien pierde es la ciudadanía, porque retroceden las libertades y se recortan las garantías elementales. Es muy grave, muy peligroso y muy preocupante que los recursos del Estado, especialmente policiales, puedan ponerse al servicio de un Gobierno frente a las voces disidentes. Si esto no es totalitarismo, se le parece bastante.
Las explicaciones del Gobierno hablan por sí mismas: el ministro de Interior se desentiende de las detenciones y culpa miserablemente a la Policía, el ministro de Exteriores dice que es normal espiar al ex presidente, y la vicepresidenta primera explica que las maniobras mediáticas urdidas desde el Gobierno para primar a sus acólitos y aislar a quien discrepa, es una mejora en la pluralidad. Hace falta mucho valor, la verdad, para mantener estas versiones oficiales.
En definitiva, creo que estas tres actuaciones responden a una ideología política, la socialista, que junto a sus valores positivos arrastra una carga liberticida manifiesta: aniquilar la división de poderes, controlar la Justicia, restringir las libertades informativas, suministrar una mordaza a los adversarios políticos... son realidades que contribuyen muy poco a esa calidad democrática.
Creo que es importante detectar esta realidad, misión que exige un gran esfuerzo para no dejarse confundir por una cínica palabrería súper-dialogante que llama progreso a subir los impuestos y destruir empleo, pluralidad a la persecución de los medios no afines, y diálogo a sepultar la voz del partido opositor.
David Pérez García es Diputado de la Asamblea de Madrid y Secretario de Comunicación del PP de Madrid
