El GAL, más allá de la repugnancia moral que produjo y de la chapuza macabra que lo caracterizó, fue sobre todo un error estratégico en la lucha contra ETA. El GAL proporcionó a los terroristas una legitimidad y una fuerza que ni siquiera las ejecuciones de Franco habían provocado. El GAL costó así muchas más muertes de inocentes, porque prolongó de forma artificial la vida de ETA, dificultó enormemente la cooperación con Francia, desmoralizó a las fuerzas de seguridad y creo los mártires que ETA necesitaba para sobrevivir. Esa es una responsabilidad histórica de la que el PSOE, a pesar de haber conducido a la cárcel a algunos de sus máximos dirigentes de entonces, ha salido relativamente indemne en términos políticos.
El proceso de negociación con ETA que ha abierto ahora el presidente Rodríguez Zapatero, más allá de la repugnancia moral que provoca por su traición a las víctimas y de las chapuzas que sin duda se cometerán en su desarrollo, es otro error estratégico que prolongará durante más años la vida de una ETA que se encontraba al borde del colapso. Zapatero ha permitido a los terroristas reabrir el frente político y restaurar sus fuentes oficiales de financiación. Pero sobre todo, les ha dado un horizonte estratégico del que carecían. Por un lado, la expectativa de paz que ha creado el Presidente en la sociedad ha revalorizado el valor político de la violencia. Por otro, la oferta de una doble negociación, política y “militar”, ha devuelto un sentido a la acción terrorista del que carecía por completo en los últimos años.
La primera victima del giro estratégico provocado por Zapatero ha sido el consenso político y social que existía contra ETA. Hoy los españoles están divididos entre aquellos que quieren pactar con los terroristas y aquellos que aspiran tan solo a derrotarlos. El Partido Popular ha renunciado además a seguir al Gobierno en esta aventura. Aunque su posición pueda suscitar hoy alguna incomprensión, en algún momento la sociedad española le reconocerá a Mariano Rajoy el gran mérito histórico de haber salvado en este triste episodio de la claudicación la dignidad de nuestra democracia.
El proceso de paz que el Gobierno ha iniciado y al que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta semana está condenado necesariamente al fracaso. ETA no va a renunciar a los objetivos políticos por los que ha matado a casi mil inocentes y el Gobierno no puede conceder a ETA el precio que ésta le exige sin acabar primero con España y suicidarse electoralmente después.