Dentro de unos días se reunirán en Nueva York los grandes de este mundo en la Asamblea General de la ONU. Debería ser el momento para implementar esa gran reforma que la organización espera desde hace muchos años y que no termina de cuajar.
No se trata solamente de cambiar la estructura y composición del Consejo de Seguridad como muchos creen, sino de revisar hasta los últimos resortes el mecanismo de “la cosa”, como le llamaba el general De Gaulle a este gigante con pies de barro en el que toda corruptela y chanchullo tienen su sede, tal y como acaba de demostrarse en el informe sobre las irregularidades del “plan petróleo por alimentos” (100.000 millones de dólares en ayudas) aplicado al régimen de Sadam Hussein con el dudoso propósito de evitar que se convirtiera en una amenaza.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, cantó hace unas horas la palinodia tras la presentación de un largo y meticuloso informe sobre las irregularidades y “fallos administrativos” relacionados con este plan en los que participó su hijo Kojo a través de una sociedad-pantalla.
El expresidente de la Reserva Federal norteamericana, Paul Volcker, fue el encargado de presentar esta exhaustiva información y en su estudio se insiste sobre la evasión de responsabilidades a todos los niveles. No se trata, apunta Volcker, de simples aberraciones que deben pasarse por alto o resolverse con parches.
Pese a ello, el principal responsable de tales “aberraciones”, es decir, el secretario general Annan no ha dimitido y es poco probable que lo haga en los próximos días. Tras asumir sus responsabilidades en todo lo sucedido, Annan dijo sentirse “avergonzado” e insistió sobre la futura reforma de la organización, urgente e imperativa.
Lo que probablemente era imperativo es que el principal responsable del desbarajuste onusiano y sus consecuencias malignas, dimitiera irrevocablemente. No lo ha hecho ni habrá dimisiones en cadena tras el severo Informe Volcker.
El ejemplo de Annan no favorece desde luego la aplicación de esa gran reforma pendiente sobre el que deberán pronunciarse los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros dentro de unos días.
