Uno de los riesgos más graves que tiene el pretendido proceso de paz que impulsa Rodríguez Zapatero es la posibilidad de que la claudicación del Estado de Derecho pueda desembocar en la aparición de un nuevo GAL de naturaleza espontánea. La aparición de una respuesta armada a ETA puede aparecer hoy remota, pero no es algo que debamos descartar en nuestros análisis a largo plazo.
Hay varios factores que debemos considerar en este sentido. En primer lugar, el hecho de que los asesinos más sanguinarios de ETA queden pronto en libertad como consecuencia de la aplicación de un sistema penal extremadamente generoso con los terroristas junto a la inacción del Gobierno. Estos terroristas, lejos de mostrar ningún arrepentimiento, serán agasajados por sus seguidores y harán ostentación de su condición de asesinos. La experiencia de Irlanda del Norte ha mostrado como esta convivencia entre víctimas y verdugos en un mismo espacio ha creado situaciones de humillación en las víctimas difíciles de soportar.
En segundo lugar, el creciente desamparo que las víctimas sienten frente al Estado. Las víctimas del terrorismo han sido en España un colectivo ejemplar en su fe democrática y en su confianza en la justicia. Muchos analistas de otros fenómenos terroristas se sorprenden de la resignación con la que la sociedad española ha soportado las casi mil victimas mortales causadas por ETA sin que se pueda contabilizar un solo caso de venganza personal. Pero si como consecuencia de la claudicación política del Gobierno ante ETA y una posible excarcelación masiva de etarras ese colectivo perdiera totalmente la confianza en el sistema democrático y en la justicia, las posibilidades de que alguno de sus componentes optara por tomar la justicia por su mano crecerían exponencialmente.
La rendición ante ETA puede suponer también un sentimiento de indignación en cientos de servidores de las fuerzas de seguridad que han hecho de la lucha antiterrorista la razón de ser fundamental de su vida profesional e incluso personal. Tras arriesgar su propia vida, tras renunciar incluso a su familia, tras años de sacrificio y entrega sin límites para derrotar el terror, sería especialmente duro asumir que el Gobierno decida por razones partidistas rendirse a un enemigo al que habían logrado derrotar gracias a su trabajo.
La aparición de un GAL espontáneo sería el escenario más catastrófico que podría imaginarse para el País Vasco, porque podría derivar hacia un conflicto civil en la sociedad vasca de impredecibles consecuencias. Puede que sea un riesgo lejano y poco probable, pero el presidente del Gobierno debería medir muy bien sus pasos para no generar efectos colaterales con su política de apaciguamiento que resultarían letales para nuestra convivencia, para la democracia y para el propio fin de ETA.