La amenaza epistolar del, hasta ahora, secretario general del Departamento del consejero primero y secretario de organización y finanzas de ERC a trabajadores del Gobierno de la Generalidad para que hicieran aportaciones al partido bajo amenaza de engrosar las listas del paro, ha puesto al descubierto el talante y la baja altura moral de quienes hoy gobiernan en Cataluña. Se trata de un auténtico escándalo impropio de democracias occidentales. El nombramiento de Xavier Vendrell al frente del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad supone una burla intolerable a los ciudadanos de Cataluña y una amenaza para los trabajadores al servicio de la administración pública catalana. La decisión de blindar a Vendrell ante los tribunales de justicia, haciéndolo miembro del Consejo Ejecutivo y dotándolo de la misma inmunidad de la que goza el mismo presidente de la Generalitat, convierte a Pasqual Maragall en cómplice y colaborador necesario de las prácticas antidemocráticas e ilegales practicadas desde el gobierno catalán para llenar las arcas de Esquerra.
El propio Montilla señalaba, hace unos días, que este escándalo afectaba a ERC y no al gobierno de Cataluña. Pues bien, Maragall ha incorporado al presunto extorsionador al gobierno y con ello, ha convertido al ejecutivo catalán en responsable solidario de las prácticas mafiosas de los responsables de Esquerra. Además, la persona que en estos momentos está siendo investigada por estos hechos por parte de la fiscalía, por las agencias catalana y española de protección de datos y por el defensor del pueblo catalán ha sido nombrada, precisamente, consejero de Gobernación y Administraciones Públicas del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El encargado de llevar a cabo la investigación interna de este escándalo es, precisamente, el que lo ha generado.
Cuando, hace algo más de un año, cayó el túnel del metro bajo el barrio barcelonés del Carmelo, Maragall trató de desviar la atención y la presión sobre el tripartito acusando a los anteriores gobiernos de CiU de exigir a los constructores comisiones del 3% a cambio de adjudicarles obras públicas. El escándalo fue mayúsculo y se creó una comisión de investigación que acabó, como consecuencia de un pacto entre PSC y CiU, concluyendo que no había nada que investigar. No existe ninguna diferencia entre exigirle a un constructor que pague el 3% de comisión a cambio de adjudicarle una obra pública y exigirle a un trabajador al servicio de la Generalitat que pague un 20% de su sueldo a ERC para poder mantener su puesto de trabajo. Maragall ha cometido una indignidad al colocar a Vendrell en el gobierno de Cataluña. Y mientras tanto, CiU se resiste a apoyar al PP para investigar el caso. Parece ser que el pacto entre Mas y Zapatero para sacar adelante el proyecto de Estatuto ha acabado por convertir al denominado "oasis catalán" en un gran "desierto ético".
