Es un hecho estadísticamente probado que la delincuencia aumenta cuando gobierna la izquierda. Durante los gobiernos de Felipe González, el número de delitos se multiplicó por tres en España. Ahora, el Gobierno de Rodríguez Zapatero nos ha vuelto a situar en una senda de crecimiento rápido de la delincuencia, a pesar de que la herencia que recibió de los gobiernos del Partido Popular fue una importante reducción en el número de delitos en los años 2003 y 2004.
Pero lo más preocupante del momento actual no es tanto el aumento de las cifras globales de infracciones penales, sino que este crecimiento de la criminalidad vaya asociado a un inquietante aumento de la violencia en nuestra sociedad. Son los delitos violentos y los delitos contra las personas los que más han crecido con diferencia en los dos últimos años. Todo ello ante la pasividad y la impotencia del actual Gobierno, un malestar creciente en las fuerzas y cuerpos de seguridad y una alarma social cada vez mayor.
El aumento de la inseguridad y de la violencia en nuestro país es una consecuencia directa de una política de seguridad del gobierno Zapatero tan errónea como ineficaz. La izquierda nunca ha asumido la seguridad como un valor esencial para la convivencia y siempre se ha aproximado al fenómeno de la delincuencia con un cierto complejo de culpabilidad. En el pensamiento relativista de Zapatero, el crimen no implica tanto una responsabilidad individual como una culpa colectiva. El delincuente es para una buena parte de la izquierda más una victima de un orden social injusto que una persona que deba ser castigada o recluida para proteger a la sociedad. Los socialistas consideran además que el principio de autoridad, esencial para poder mantener el orden público y la seguridad, es un principio reaccionario que no puede figurar en su ideario. En definitiva, es la teoría del buenismo, de la que Zapatero es el máximo exponente, aplicada al ámbito de la seguridad ciudadana.
Todos estos prejuicios se están viendo claramente reflejados en la política de seguridad del actual Gobierno. Así, el Gobierno pone en cuestión la conveniencia de dar una respuesta penal más dura a aquellos delitos que emplean una violencia desproporcionada y están generando mayor alarma social, como los asaltos en domicilios habitados o los denominados secuestros express. El Gobierno pretende eliminar además la cláusula que introdujeron los gobiernos de Aznar para que cualquier extranjero que cometa un pequeño delito en nuestro país sea expulsado de forma automática. El Grupo socialista introdujo una enmienda en el Congreso de los Diputados para que los delincuentes entre 18 y 21 años no pudieran ingresar en Centro Penitenciario. La inmigración pasó de ser una competencia del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque se considera que los flujos masivos de inmigración ilegal que sufre España no tienen en realidad implicación negativa alguna para nuestra seguridad. La política penitenciaria se orienta a sacar los presos a la calle porque se considera que hay medidas alternativas más eficaces para la reinserción que la privación de libertad.
En materia de orden público, Rubalcaba ha improvisado una doctrina en la que la intervención de las fuerzas de seguridad debe evitarse a toda costa para evitar así provocar a los que protagonizan los disturbios. Poco importa que como consecuencia de esta pasividad se secuestre a miles de turistas en un aeropuerto como ocurrió este verano en El Prat. Esta renuncia expresa a ejercer el poder coercitivo del Estado va acompañada de una extrema debilidad política para ceder a las pretensiones de los violentos, como ocurrió recientemente al cancelar una cumbre de ministros de la Unión Europea para evitar que los violentos se molestaran. Todo ello conduce a un deterioro del principio de autoridad y a una ocupación cada vez más habitual de la calle por los violentos en ciudades como Barcelona.
Más allá por tanto de la incompetencia del actual Gobierno o del caos que actualmente se vive en el Ministerio del Interior, con un titular del departamento desaparecido, quizá negociando no se sabe dónde, no se sabe con quién y no se sabe qué, las razones para este aumento de la criminalidad y la violencia al que asistimos tiene raíces ideológicas muy profundas: las de una izquierda española incapaz de asumir valores como el de la seguridad, el orden público o la autoridad que resultan esenciales para poder garantizar nuestra libertad y nuestra convivencia. En este campo, quizá más que en ningún otro, ha resultado oportuna la presentación de la alternativa de Mariano Rajoy en la Conferencia sobre Seguridad que ha celebrado este fin de semana el Partido Popular. Una alternativa que ha hecho además un énfasis especial en la recuperación de los valores en la familia, en la escuela y en la sociedad como pilar fundamental de una convivencia en libertad.
