Los treinta y dos asesinatos del Virginia Tech impactaron a la nación, pero ¿qué hay de algunas de las medidas que pueden tomarse para reducir la probabilidad de que tal masacre vuelva a suceder? Una enorme porción de la culpa puede achacarse a la administración de la universidad y a su personal de seguridad del campus, que no advirtieron a estudiantes, profesores y demás personal del peligro.
Mucho antes de la masacre, la administración del Virginia Tech, el personal de seguridad y parte del profesorado sabían que Cho Seung-Hui, el asesino, tenía problemas mentales. Según el New York Times, "las autoridades del campus estaban al tanto desde hace diecisiete meses del estado mental perturbado del estudiante". Más de un profesor dio parte de su excéntrico comportamiento. La seguridad del campus intentó internarle sin su consentimiento en una institución mental. Hubo quejas de que Cho Seung-Hui hacía llamadas telefónicas a horas intempestivas y acosaba a las estudiantes. Teniendo en cuenta las experiencias de la universidad con Cho, como mínimo debían haberle expulsado, y su fallo o incapacidad para hacerlo es la causa directa de la masacre.
Pero hay algo más que puede ser digno de examen. Existe una ley federal aprobada en 1974 conocida como Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares (FERPA). Como informa el secretario del Virginia Tech, "la exposición de información confidencial a terceras partes está prohibida por la FERPA sin el consentimiento por escrito del estudiante. Cualquier persona que no sea el estudiante queda definida como tercera parte, incluyendo a padres, cónyuges o patronos". A los funcionarios universitarios se les exige obtener el permiso por escrito del estudiante antes de la difusión de cualquier información sobre su historial académico.
Eso significa que una madre, padre o cónyuge que pueda tener un conocimiento histórico e íntimo de los problemas mentales, físicos o académicos del estudiante, y que podría estar por tanto en situación de prestar ayuda en una crisis, tiene prohibido que se le notifique ninguna información nueva. Alternativamente, en el caso de que algún miembro de la familia desee iniciar una investigación sobre si han existido informes de problemas mentales, físicos o académicos tiene prohibido acceder a esa información por la FERPA. Por supuesto, el estudiante puede otorgar un permiso por escrito para consentir el acceso a tal información, ¿pero cuán probable es que un estudiante profundamente perturbado lo haga?
La FERPA forma parte de una tendencia mucho más amplia de nuestra sociedad que facilita la usurpación de la autoridad paterna. A principios de este año, Sally Lieber, miembro de la Asamblea de California, presentó una ley que procesaría a los padres por pegar a sus hijos. A causa de la extensa oposición, tuvo que retirarla. Las escuelas enseñan material sexual a los hijos que muchos padres juzgarían ofensivo. El gobernador de Texas, Rick Perry, decretó una orden ejecutiva que obliga a que todo niña de once y doce años reciba la vacuna Gardisil HPV como protección contra una enfermedad de transmisión sexual que puede provocar daños morfológicos genitales y hasta cáncer de cuello del útero.
El pasado febrero, el legislativo de Virginia aprobó unánimemente una ley, la primera de su clase en el país, que prohíbe a las universidades expulsar a los estudiantes con tendencias suicidas. Esa ley sugiere que los legisladores están más preocupados por el bienestar de un potencial asesino suicida que por las vidas de sus víctimas inocentes, en vista de lo cual podrían considerarse a sí mismos culpables en parte de las treinta y dos víctimas de asesinato del Virginia Tech.
Existe un remedio parcial a la usurpación de los derechos paternos por parte del Gobierno y la universidad que los padres pueden emplear gracias al poder del bolsillo. Antes de extender un cheque para la matrícula universitaria de su hijo, disponga de un documento legal firmado por él en el que le dé un acceso total y completo a cualquier historial mental, físico o académico desarrollado a lo largo de su carrera universitaria. Aunque semejante estrategia podría no ser necesaria para todos los padres, debería ser considerada al menos por aquellos cuyo hijo tenga un historial de inestabilidad mental o física.
