La negativa del Gobierno a entregar al Parlamento el libro de visitas a Moncloa correspondiente al 16 de febrero, el día en que se reunieron allí varios empresarios españoles, entre ellos, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, con el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, y el presidente de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, una negativa sacada a la luz por el diario Negocio, resulta tan esperpéntica como inquietante.
El rechazo es esperpéntico en tanto en cuanto a estas alturas, después de todas las revelaciones de la prensa sobre el papel del Gobierno en la llegada de Enel a España y su entrada en la batalla por Endesa, después de las declaraciones de Manuel Conthe al respecto, todo el mundo tiene claro que detrás de todo está la mano de Zapatero y del clan de Intermoney. Hoy por hoy, al Ejecutivo le resulta del todo punto imposible negar la evidencia de lo que ha sido y lo que es la presencia de la eléctrica pública italiana en la solución del caso Endesa. Por ello, la negativa a entregar al Parlamento el libro de visitas no es más que un intento esperpéntico de eludir una responsabilidad política clara de quien ostenta el poder, cuando la opinión pública ya sabe de sobra a quién imputar las responsabilidades pertinentes.
Pero, más allá del esperpento, lo que resulta inquietante es que el Gobierno se niegue a facilitar dicho libro. A estas alturas ya nadie se cree aquello que dijo Zapatero en campaña electoral de que el Parlamento sería el centro de la vida política y que la transparencia presidiría todas sus actuaciones como presidente del Gobierno porque, una vez sí y otra también, donde dijo "digo" ahora dice "Diego". En consecuencia, no resulta sorprendente que ahora Zapatero vuelva a menospreciar a quien, de acuerdo con la Constitución, es el depositario de la soberanía popular. Pero conviene preguntarse por qué motivo el Ejecutivo no remite el libro de visitas. Las respuestas son claras.
El libro de visitas arrojaría bastante luz sobre lo ocurrido a mediados de febrero en torno a la OPA de E.On sobre Endesa y su fracaso, pero, sobre todo, podría constituir la prueba necesaria para que los tribunales no solo echaran atrás la actual OPA de Enel y Acciona, sino para que forzaran a ambas a vender sus participaciones, lo que abriría nuevamente a los alemanes las puertas de la eléctrica española. De hecho, son muchos ya los indicios que se acumulan respecto a la posible evidencia de concertación, por ejemplo, y sin ir más lejos, las declaraciones del ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, a quien los servicios jurídicos del supervisor de los mercados financieros le proporcionaron razones más que de sobra para sancionar a la eléctrica italiana y la constructora de la familia Entrecanales, a lo que Zapatero y el clan de Intermoney se opusieron.
Aquí, por tanto, de lo que se trata no es de que prevalezcan la justicia y la verdad, sino los intereses de un presidente del Gobierno que quiso demostrar a la canciller alemana Ángela Merkel, sobre las espaldas de E.On, que aquí quien manda es él y nadie más. Esta misma tónica se repite una vez más con la negativa a enviar al Parlamento el libro de visitas a Moncloa. Zapatero considera que en el asunto de Endesa ya está todo atado y bien atado y no está dispuesto a que ahora nadie venga a cambiar sus planes, ni siquiera en nombre de la Justicia.
No obstante, hay un segundo motivo para que el Gobierno quiera mantener alejado de la luz pública el libro de visitas a Moncloa. Su conocimiento sacaría a la luz todos los nombres de quienes participaron en aquella reunión con el consejero delegado de Enel, poniendo en un aprieto a los empresarios que asistieron a la misma. Sin embargo, en ningún país democrático que se precie se impediría al Parlamento conocer los nombres de los empresarios que se han reunido con el Gobierno. Es una cuestión de salud democrática, de que la gente sepa a qué y con quién se comprometen los dirigentes del país salidos de las urnas. Ese principio básico ahora se está violentando y la pregunta es si se trata sólo de proteger la identidad de los empresarios asistentes o si, además, se pretende impedir que se sepa que a la reunión pudieron asistieron personas vinculadas, de una u otra forma, con el clan de Intermoney, ahora en el ojo del huracán, o con cualquier otra entidad que, de alguna manera, haya participado directa o indirectamente en todo lo que viene sucediendo alrededor de Endesa desde hace algo más de año y medio.
En cualquier caso, fueran los que fueran los asistentes a la reunión del 16 de febrero, nada de ello constituye un secreto de Estado que impida que el libro de visitas se entregue al Parlamento. Los secretos de Estado son aquellos que, de una u otra forma, afectan a la seguridad nacional, lo que no es el caso de dicha reunión. El libro, por tanto, debe remitirse sin falta al Congreso de los Diputados. La persistencia del Gobierno en su negativa no hace sino reforzar las ya más que sospechas sobre su gestión en el asunto de Endesa y el papel del clan de Intermoney en la vida económica y política española, lo que exige luz y taquígrafos, le guste o no a ese Zapatero que, allá por donde va, pretende dar clases magistrales de democracia aunque luego no predica con el ejemplo.
