La crítica que hice en una entrevista al funcionamiento de Nuevas Generaciones y a la avanzada edad y no tan avanzada formación de algunos de sus dirigentes nacionales no fue precisamente agradecida. Supongo que ahora será mejor momento, porque mal iríamos si después de que el PP no permitiera una segunda candidatura en su organización juvenil, encima no lo pudiéramos contar. Si al PP le parece bien que sus juventudes a nivel nacional prescindan de todo debate ideológico y se dediquen a formar a futuros funcionarios de partido, allá ellos. Ahora, algo habrá que decir si los dirigentes de la única alternativa de Gobierno empiezan a imitar ese modelo, descartan adoptar un programa de gobierno más liberal y piden lealtad incondicional a un equipo que revelarán el día antes del Congreso del PP.
El discurso político del Partido Popular a nivel nacional estos últimos cuatro años no ha tenido como componente fundamental una oposición liberal a las políticas del Gobierno socialista. Ahora bien, el PP sí ha defendido, frente a la coalición nacionalista-socialista, una idea nacional de España, según se entiende desde la Constitución de Cádiz, en la que la soberanía resida en los ciudadanos, libres e iguales en derechos y deberes. Una concepción de España cuya puesta en duda ha traído consigo los mayores desastres de nuestra Historia, desde el levantamiento cantonal en la República de 1873 hasta la propia Segunda República.
Sin embargo, el PP, precisamente por su carácter nacional, se presenta a las elecciones en todas las comunidades autónomas y, en algunas, gana. Y cuando se gobierna en una Comunidad Autónoma y se está en la oposición a nivel nacional, existe cierto riesgo de olvidar esa visión nacional de España y contribuir a la centrifugación de España participando en la carrera de las autonomías en dejar sin competencias al Estado.
Lo vimos con Aznar, después de que Esperanza Aguirre no pudiera aprobar unos planes de estudio comunes para toda España. Entonces, a las comunidades autónomas gobernadas por el PP no se les pasó por la cabeza aplicar esos temarios en sus autonomías, y además algunas, como la Galicia de Fraga, imitaron la inmersión lingüística de Pujol que había criticado la entonces ministra.
En la oposición, la cosa ha ido a peor, y las principales pruebas de ello son el Estatuto de Autonomía de Valencia, donde primó el no tener menos competencias que la vecina Cataluña, el Estatuto de Castilla y León y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde el PP temió que oponerse a la reforma podría alejarle aún más del poder... autonómico.
El PP nacional no fue capaz de imponer un criterio, y por eso Rajoy tuvo dificultades en contestar a Zapatero sobre la semejanza de los estatutos votados por el PP y el recurrido Estatuto catalán. Sólo desde Madrid las ideas nacionales se tradujeron en hechos y se renunció a competir en la carrera de las reformas estatutarias, mientras, además, se liberalizaba la economía.
Mi primer temor tras el apoyo de algunos barones territoriales del PP a Rajoy fue que el PP empezara a funcionar como la España de Zapatero, y fueran los poderes territoriales los que marcasen su agenda, perdiendo credibilidad su discurso nacional. Pero ahora, tras el nombramiento de incondicionales, el mantenimiento del mismo programa político y aquello de no revelar el nuevo equipo hasta el Congreso, parece que ganan poder la disciplina de partido, el seguimiento al líder y la aversión al debate ideológico, a la democracia interna y al pluralismo en el entorno social de la derecha: lo que yo critiqué de Nuevas Generaciones.
