El Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los técnicos de Hacienda (Gestha), muestra que los trabajadores y pensionistas declararon el pasado año 18.400 euros de media, mientras que los pequeños y medianos empresarios y los autónomos que declaran sus rendimientos en estimación directa ganaron sólo 13.525 euros de media.

Gestha pone de manifiesto que el rendimiento declarado por las actividades económicas de los microempresarios en módulos fue todavía menor que el de las pymes y autónomos, situándose en 11.567 euros.

Por otro lado, indica que si bien el diferencial entre lo declarado por los asalariados y sus empleadores creció sin interrupción en el periodo 2000-2006, durante el año 2007 se acortaron las distancias sólo gracias a las rebajas fiscales aplicadas a las rentas del trabajo, puesto que los empresarios apenas incrementaron sus ingresos declarados.

Poca efectividad de la Ley Antifraude

En otro orden de cosas, los técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria "está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal, ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo un mayor control sobre los incumplimientos fiscales de los trabajadores y pensionistas, los microempresarios y las pequeñas empresas".

"La Agencia Tributaria debe desplazar la lupa del control de las rentas del trabajo y Pymes para investigar los fraudes de las grandes empresas, los grandes desarrollos urbanísticos, los billetes de 500 y 200 euros o los paraísos fiscales, y evitar que los ciudadanos acuñen la calificación de España como un balneario fiscal de las grandes fortunas", añaden.

Así pues, Gestha estima que la Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar todas las posibilidades de la Ley Antifraude para reducir la economía sumergida y las bolsas de fraude, limitándose a cumplir con facilidad los objetivos tradicionales.

Propuestas

En este contexto, el colectivo considera "prioritario" que los esfuerzos a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude fiscal, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas y fiscales más exigentes que las actuales.

En primer lugar, para desincentivar las malas prácticas, plantean reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final.

Asimismo, proponen actualizar las cuantías de los módulos para acercarse a los ingresos medios del sector, de manera que contribuyan a las arcas públicas según su capacidad económica, y en caso de obtener ingresos inferiores a la media que puedan tributar en estimación directa.

En segundo lugar, para reducir el fraude en el sector inmobiliario, los técnicos proponen repartir la reducción de los rendimientos de alquiler de vivienda entre propietarios e inquilinos o la creación de un registro municipal de contratos de compraventa de inmuebles.

En tercer lugar, propone medidas para hacer más equitativo el pago del IRPF, como la equiparación del tipo aplicable a la de renta del ahorro al mínimo aplicable a la base liquidable general, la modificación de la tributación conjunta a las uniones familiares de hecho o la modificación del mínimo por ascendientes y asimilados.