El Gobierno sigue en su cruzada contra los fumadores. Tras elevar de forma sistemática los tributos que gravan las labores del tabaco, la ministra de Sanidad reitera ahora su intención de prohibir fumar en todos los bares y restaurantes con el endurecimiento de la Ley del Tabaco. Trinidad Jiménez queja de que se siga pudiendo fumar en cuatro de cada cinco locales.
A pesar de esta supuesta preocupación de los poderes públicos por lo que denominan como "lucha contra el tabaquismo" la realidad económica desvela que, en realidad, el Estado depende de los fumadores para cuadrar sus cuentas públicas. Así lo certifica el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
El texto aprobado por el Ejecutivo establece que el Gobierno destinará el próximo año un total de 4.633,45 millones de euros al desarrollo de políticas sanitarias, un 0,2% por ciento más que en 2009, año en el que estos proyectos contaron con una dotación de 4.622,92 millones de euros.
Pues bien, esta cantidad es casi la mitad de los ingresos fiscales derivados del consumo de cigarrillos, puros o picadura. El Estado recaudará 8.489 millones de euros a través de los impuestos que gravan el tabaco, según el proyecto presupuestario, lo que supone un incremento del 7,6% respecto a 2009.
La subida del IVA
La sostenibilidad del sistema sanitario público está en la cuerda floja, pero la subida de impuestos la amenaza más si cabe. Hospitales y centros de salud no están exentos de pagar el IVA a sus proveedores, un dinero que finalmente vuelve a las arcas del Estado, pero que grava el total del presupuesto.
El incremento del IVA que plantean los Presupuestos le costará a la Sanidad pública 130 millones de euros según la Unión Catalana de Hospitales, asociación que aglutina a más de cien entidades del sector sanitario y social.
Actualmente, el gasto farmacéutico acarrea un 4%de IVA, los productos sanitarios un 7% (sube al 8% en 2010 ) y el resto de servicios (limpieza, inversiones en equipamiento, etc) un 16% (18% en 2010).
A juicio del colectivo, el dinero que la sanidad pública destina a este IVA debería destinarse a mejorar la calidad asistencial y fomentar la investigación. Añaden que el IVA de los servicios sanitarios no debería superar el 4% que se paga en los medicamentos.
También los centros concertados se beneficiarían de la medida. Estos hospitales suelen cobrar tarde los servicios que prestan a la Sanidad pública. Esto les obliga a pedir préstamos para poder pagar al Estado el IVA que recaudan.