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El juicio del caso Malaya sienta en el banquillo a los principales acusados

Julián Muñoz, Roca, Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.

El juicio por el caso Malaya se inició en septiembre del pasado año y ya se han celebrado cerca de un centenar de sesiones con diferentes fases, entre ellas los bloques relativos al blanqueo de capitales. Hoy entra en su cuarto y último bloque en el que se tratarán delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta fase final englobará todo lo que hasta el momento no se ha juzgado.

Las sesiones se dividirán en diferentes apartados. En el último de ellos está previsto que junto a Roca, presunto cerebro de la trama, se sentarán los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como la exedil Isabel García Marcos. Entre los procesados que integran este apartado también están empresarios como José Ávila Rojas, Rafael Gómez o José María González de Caldas.

Final del proceso

En esta fase final del proceso se verán, en apartados, la tenencia ilícita de armas de la que está acusado el exjefe de policía local, Rafael del Pozo, la venta fraudulenta del Rolls Royce de Jesús Gil, por el que está acusada la exalcaldesa e Ismael Pérez, la supuesta entrega de vehículos a la exalcaldesa, y el último corresponde al de los empresarios acusados por presuntos pagos a Juan Antonio Roca y a exconcejales de este Ayuntamiento por supuestos cobros.

Juan Antonio Roca se enfrenta en este proceso a una petición fiscal de treinta años de cárcel y más de 810 millones de euros de multa,

El dinero de la Comisiones

Alrededor de 33 millones de euros fueron a parar a las arcas de Roca y sus sociedades. Entre los empresarios imputados de pagar supuestamente sobornos a Roca están José Avila Rojas que 5 millones, Carlos Sánchez, el conocido como maestro de Roca, y Andrés Lietor 5,5 millones, Jesús Ruiz Casado, dueño de Aifos, cerca de 5 millones, o Rafael Gómez Sandokan que pagó unos 650.000 euros.

Parte de este dinero, algo más de 5 millones de euros, se usó supuestamente para sobornar a los concejales de Marbella con el objeto de que aprobaran convenios urbanísticos o aceleraran licencias de obras. Los concejales recibían el dinero en función de su jerarquía en el ayuntamiento. Marisol Yagüe, según la acusación de la fiscalía cobró alrededor de 1,85 millones de euros entre 2.004 y 2.006 y García Marcos recibió un total de 312.000 euros y una parte de ellos fueron intervenidos en su casa, manifestando sobre su procedencia que era una herencia.

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