En su sentencia, la sección séptima de la Audiencia absuelve a los agentes de los delitos contra la integridad moral y falsedad documental de los que les acusaba la Fiscalía, que pedía cinco años y nueve meses de prisión, 9.600 euros de multa y siete años de inhabilitación.
Ésta es la primera sentencia sobre uno de los casos captados por las cámaras ocultas que el Departamento de Interior instaló en marzo de 2007 en la comisaría de Les Corts para detectar posibles abusos policiales, y que la propia Conselleria denunció a la Fiscalía. De esta forma, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 600 euros de multa por una falta de lesiones a los tres agentes.
Tras ser detenido por altercados en la calle, Rubén P.M. fue trasladado a la comisaría de Les Corts porque mostró una actitud agresiva -- rompió dos coches policiales e insultó a agentes --, y en la sala de cacheos se encaró a tres agentes y a un cabo que le golpearon para reducirle y esposarle, acción que quedó grabada por la cámara oculta. El detenido sufrió varias contusiones en la zona ocular, la nariz, el brazo y el tórax, pero no está demostrado que perdiera la conciencia.
Los magistrados de la Sección Séptima consideran que ni mediante la grabación, los testimonios de la víctima y de los acusados se puede considerar probado que los tres agentes y su cabo acordaran "agredir sin motivo alguno al detenido". El tribunal considera que la actitud agresiva del detenido justificaba que hubiera cuatro mossos con él en la sala de registros.
"A priori, una brutal paliza policial"
Sobre las imágenes grabadas, los magistrados admiten que son "impactantes" y que "a priori" pueden llevar a dictaminar que se trató de "una brutal paliza policial". Aunque en ellas "no se aprecia con exactitud cuáles son los movimientos de Rubén", a continuación concluyen que "teniendo en cuenta la rápida actuación de los agentes, la única explicación lógica es que el mismo atacó de algún modo al agente" que posteriormente presentó un parte de lesiones.
Aseguran que no hay "trato vejatorio o degradante", pero sí aprecian "una extralimitación en el uso de la reducción e inmovilización". "Una cosa es evitar la agresión y reducir, y otra distinta es excederse en el uso de la fuerza, produciendo lesiones que no eran necesarias cuando son tres personas preparadas las que reducen a una sola persona", añade más tarde la sentencia.
En cuanto a la acusación de falsedad documental, el tribunal considera que en el redactado del segundo atestado policial --posterior a la agresión-- no hubo "conciencia y voluntad de cambiar la realidad", sino que "se limitó a narrar lo realmente ocurrido", aunque "quizá" hubo "exageración".
Este caso fue difundido públicamente después de que la unidad de asuntos internos de la policía catalana recibiera varias denuncias por agresiones en la sala de cacheos de Les Corts. La unidad decidió colocar una cámara oculta, gracias a la que se descubrieron éste y otros casos similares y ha llevado a la Conselleria de Interior a instalar cámaras en todas las comisarías, lo que ha eliminado todas las denuncias contra agentes.