El ex diputado socialista Luis Andrés García "Luigi", presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de la "operación Pretoria", cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 22 de octubre de 2009, apenas unos días antes de la detención de los implicados en la trama de presunta corrupción urbanística, que ha mantenido durante meses en prisión a los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, así como al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Según ese informe incluido en el sumario, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra habrían cobrado otros 637.590 euros cada uno por comisiones por dichas operaciones urbanísticas en municipios del área metropolitana de Barcelona.

Asimismo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Ginés Carbó, también imputado en la causa, se embolsó cerca de 244.000 euros en comisiones, según revela el informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas de los imputados.

La Guardia Civil basó sus informes en la investigación de tres operaciones urbanísticas sospechosas: "Pallaresa", de Santa Coloma de Gramenet, "Niesma", de Sant Andreu de Llavaneres, y Badalona, de esta población del área metropolitana de Barcelona.

Según la Guardia Civil, el "modus operandi" en esas tres operaciones era similar: gracias a los influyentes contactos que Luis Andrés tenía entre los equipos de gobierno municipales y los empresarios, se conseguían modificaciones de planes urbanísticos municipales que beneficiaban a las empresas adjudicatarias.

De esa forma, "Luigi", del que el informe destaca su "elevado nivel de vida" pese al bajo nivel de ingresos que declaraba, habría cobrado en concepto de comisiones 8.026.000 euros, gracias en parte a su "privilegiada relación" con el alcalde de Santa Coloma.

Tanto Alavedra como Prenafeta, revela el sumario del "caso Pretoria", tenían "cualificadas relaciones" que los imputados utilizaban en beneficio de los proyectos urbanísticos investigados y, en ambos casos, hay indicios de que tenían considerables sumas de dinero en paraísos fiscales.

De hecho, la Guardia Civil descubrió indicios de que ambos ex altos cargos de CiU habrían "intermediado ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès" a favor del empresario inmobiliario Lluís Casamitjana, presidente de Espais y también imputado en la causa por su relación con una de las operaciones urbanísticas objeto de investigación.

La investigación descubrió también la "fluida y cordial relación" entre Luis Andrés García y el ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez pero, especialmente, su "capacidad de influencia y decisión" en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Respecto a Santa Coloma de Gramenet, el informe concluye que hay indicios de que el Ayuntamiento podría haber desviado fondos procedentes de subvenciones europeas, una situación que estuvo a punto de hacerse pública por una auditoría que iba a encargar el propio consistorio.

Según otro escrito de la Fiscalía posterior a las detenciones y a la masiva incautación de documentación ordenada por la Audiencia Nacional, las operaciones de recalificación urbanística de los terrenos en que se llevaron a cabo las operaciones investigadas supusieron una revalorización de los mismos por valor de 32,37 millones de euros que, sin embargo, no revertieron en los respectivos ayuntamientos.

En concreto, el Ayuntamiento de Santa Coloma dejó de ingresar en la operación Pallaresa 13 millones, el de Sant Andreu de Llavaneres cuatro millones por la operación Niesma, y otros 1,37 millones en concepto de equipamientos, mientras que las arcas del ayuntamiento de Badalona no recibieron 14 millones de euros por la revalorización de los terrenos.