(Libertad Digital) La Confederación Española de Policía (CEP) ha salido al paso de las críticas y acusaciones vertidas desde diferentes ámbitos contra la actuación profesional de los policías nacionales destinados en la Comisaría Local de Alcobendas (Madrid), en relación con la puesta en libertad del preso Astrit Bushi, imputado, entre otras causas, en el asalto a la vivienda del productor audiovisual José Luis Moreno.
Según la CEP, "nos encontramos ante un cúmulo de errores que, en ningún caso, afectan al Cuerpo Nacional de Policía".
Afirma el sindicato que la llegada de este recluso a la sede de los juzgados en Alcobendas no fue comunicada previamente por la Guardia Civil. "Efectivos de este segundo Cuerpo llegaron con el preso, sobre las 13:30 horas del pasado día 31 de marzo, y no comunicaron a los policías nacionales su procedencia, peligrosidad o número de causas penales en las que figura encartado".
Además, la CEP asegura que los efectivos de la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose) de la Guardia Civil no hicieron una entrega documentada del preso. Es decir, los policías nacionales no llegaron a cumplimentar la denominada “diligencia de recepción y entrega de presos”, que es el documento que acredita legalmente que el recluso queda bajo custodia de otra unidad o Cuerpo distinto al que inicialmente le recogió en la cárcel.
"Nos gustaría recordar que, con arreglo al Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que regula el reglamento penitenciario, es la unidad policial que se hace cargo del preso en la misma cárcel la única responsable sobre el mismo hasta su regreso, una vez practicadas las diligencias judiciales acordadas. Esta especie de “cadena de custodia” sólo puede ser alterada mediante la entrega documentada del recluso. Por ello, y en este caso concreto, creemos que los agentes de la Guardia Civil que realizaron el traslado de Astrit Bushi desde la cárcel nunca dejaron de ser los únicos responsables de su costodia y reingreso en el centro penitenciario", afirma el sindicato policial.
También matiza la CEP que el órgano judicial en el que se produjo la comparecencia de Astrit Bushi (Juzgado de Instrucción nº3 de Alcobendas) comunicó a los policías nacionales el auto de libertad, no manifestando que el afectado debiera ser reintegrado a un centro penitenciario o que figurara imputado o procesado en otros procedimientos judiciales en los que se hubiera acordado una medida preventiva de prisión.
"Reclamamos respeto para la labor de los cuatro policías nacionales afectados por la puesta en libertad del recluso, y un esfuerzo a la hora de atribuir con precisión qué otras responsabilidades pueden atribuirse, en la esfera judicial o en la de otros Cuerpos de seguridad. Este episodio ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de articular cauces de información, en lo relativo al traslado de presos, más fluidos y eficaces entre Instituciones Penitenciarias, Fuerzas de Seguridad del Estado y Consejo General del Poder Judicial".
El SUP culpa al juezPor su parte, el Sindicato Unificado de la Policía criticó la "apresurada" manifestación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que negaba responsabilidad alguna del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas, porque considera que culpa "implícitamente" a los policías que le custodiaban.
Por ello, el SUP exigió este lunes un cambio de sistema en la coordinación de los distintos cuerpos policiales y la autoridad judicial en el tratamiento de los detenidos. "Estamos ante un error del sistema, tan obsoleto y arcaico que produce resultados como el que nos ocupa", indicaron
El parte policial
Así, según el parte policial proporcionada por el sindicato, varios agentes de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de custodia en el juzgado de Alcobendas el pasado 31 de marzo. A mediodía, una funcionaria recibió una llamada en el teléfono de calabozos de los juzgados proveniente del Juzgado de Primera Instancia Número 3 (Antiguo mixto número 5) de Alcobendas, en la cual solicitaban que subiera a comparecer el detenido.
La funcionaria respondió que el arrestado no se encontraba allí y que no tenía conocimiento alguno sobre el mismo, por lo que comunicó que informaría a su sala del 091 para que le pudieran facilitar datos sobre el mismo. Allí le indicaron que Bushi no se encontraba en los calabozos de la comisaría y que tampoco había constancia de ningún traslado de detenidos que concordara con el nombre facilitado por el Juzgado.
Siguiendo el parte policial, a las 13.30 horas se personó en dichos juzgados una unidad de la Guardia Civil, que hizo entrega del detenido, que tenía una causa pendiente por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alcobendas. "Los funcionarios recibieron al detenido, no siéndoles entregada ninguna documentación respecto a éste, ni comunicándoles que el mismo procedía de centro penitenciario alguno, únicamente siendo informados verbalmente por la Guardia Civil, ya que preguntaron a los mismos de que procedía de los Juzgados de Plaza de Castilla", señalaron los agentes.
Entonces, a las 14.35 horas, la unidad policial Zulú-2 relevó a los anteriores agentes del servicio en los juzgados que custodiaron a Bushi. Una vez fue visto en audiencia por el juez, éste les entregó el auto en relación a las diligencias previas procedimiento abreviado 1671/2008, en el que se acuerda "libertad provisional del detenido, con la obligación de comparecer el 1 y 15 de cada mes, así como comunicar cuantos cambios de domicilio verifique".
Los agentes que realizaron la custodia aseguran que ni durante la misma ni cuando les entregaron al presunto agresor de Moreno fueron informados del origen del detenido, ni de la circunstancia de que éste tenía que reingresar a centro penitenciario alguno, "por lo que en vista del dictado en el citado auto judicial se procedió a dar curso a lo que ordenaba el mismo".
El Sindicato Unificado de la Policía considera que estos agentes estaban obligados a actuar conforme al mandamiento judicial "bajo riesgo de incurrir en una detención ilegal, que les puede suponer, sólo por unos minutos de detención, una condena de cárcel e inhabilitación con expulsión definitiva de la Policía, en aplicación del Código penal vigente de 1985". "Es el mismo Código que rebajó la prescripción del delito de encubrimiento de cinco a tres años, lo que permitió la libertad del presunto encubridor de Roció Wanninkhof, Robert Grahan, reforma que todavía nadie ha explicado a qué interés de los ciudadanos obedecía", añadió.
Por todo ello, el sindicato exigió que se establezcan protocolos de actuación y que se forme a los policías actuantes en estos procedimiento para acabar así "con tanto trasiego de detenidos y traspasos entre cuerpos". En ese sentido, propuso la utilización de las nuevas tecnologías y eliminación de los desplazamientos en todo lo posible, "reformando las competencias de los distintos cuerpos para que los funcionarios de prisiones custodien a los presos desde su salida hasta su regreso a la cárcel". "Cualquier cosa menos culpar a los policías actuantes que lo hicieron siguiendo las instrucciones judiciales y sin incumplir ningún protocolo de actuación profesional", apostilló el SUP.