(Libertad Digital) “Tenía un Porsche rojo, dominaba la comarca de Arousa desde la Cámara de Comercio con una extensa red empresarial y política mientras en su despacho de abogados no daba abasto para defender a los jefes del narcotráfico gallego”.
El párrafo corresponde al perfil del narcotraficante Pablo Vioque pero resulta imposible leerlo sin desviar la vista hacia la fotografía, colocada por error, del juez Guillermo Ruiz Polanco.Para mayor confusión, el obituario publicado por La Vanguardia lleva por título “De abogado a capo”. Lo cierto es que antes de advertir el fallo de composición, el lector habrá llegado hasta la última línea del texto por si el juez de la Audiencia Nacional hubiera sido clave en el procesamiento del narco. Nada más lejos. En 2001, Carlos Dívar revocó una decisión de Guillermo Ruiz Polanco por la que dejaba en libertad sin fianza al narco en contra del criterio de la fiscalía. De hecho fue Dívar el que dirigió la operación en la que fue capturado y la primera medida dictada fue prisión sin fianza.
Desde mayo de 2007, Pablo Vioque disfrutaba del tercer grado penitenciario por una decisión avalada por Javier Gómez Bermúdez que rechazó un recurso en contra interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia. Se motivaron razones humanitarias ya que el narcotraficante sufría un cáncer terminal que, según los forenses, anulaba cualquier posibilidad de reincidencia o riesgo de fuga. Tenía dos condenas; una de 18 años de cárcel por narcotráfico a la que fue condenado por el Supremo, y otra de siete años y medio por ordenar en el año 2003 el asesinato del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ex fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza.
Desde mayo de 2007, Pablo Vioque disfrutaba del tercer grado penitenciario por una decisión avalada por Javier Gómez Bermúdez que rechazó un recurso en contra interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia. Se motivaron razones humanitarias ya que el narcotraficante sufría un cáncer terminal que, según los forenses, anulaba cualquier posibilidad de reincidencia o riesgo de fuga. Tenía dos condenas; una de 18 años de cárcel por narcotráfico a la que fue condenado por el Supremo, y otra de siete años y medio por ordenar en el año 2003 el asesinato del fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ex fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza.
