El Círculo Balear ha llamado a los empresarios de las Islas a negarse a pagar las sanciones que el Gobierno presidido por el socialista Francesc Antich ha comenzado a imponer a aquellos establecimientos que sólo rotulan en castellano y no incluyen carteles en catalán. Tras conocer la primera sanción de este tipo, aplicada a un restaurante de Palma, esta institución cívica advierte que "no tolerará estas injerencias totalitarias en la vida privada por afectar a los derechos individuales y laborales de los ciudadanos, a la libertad, en definitiva".
"Es especialmente grave que se confirmen estas sanciones cuando el Gobierno balear también está vinculado por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que establece que no puede haber obligación en rotular en catalán", señala el Círculo Balear, que recuerda que el español es lengua oficial del Estado y cooficial en Baleares.
Según explica en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo de Cataluña que demuestra, al menos, las razonables dudas que existen sobre el modelo sancionador catalán, que es imitado por el Gobierno Balear en una muestra más de sumisión a los postulados catalanistas, muy minoritarios en Baleares".
La Fundación Círculo Balear ha hecho un llamamiento a los empresarios a "que no abonen las sanciones, sin previamente asesorarse sobre como recurrir las multas" y, en este sentido, el propio Círculo pone a disposición de los afectados sus servicios jurídicos para asesorarles. De hecho, afirma, ya se ha puesto en contacto con el propietario del restaurante palmesano sancionado.
La Fundación Círculo Balear también solicita al PP que abandone su "ambigüedad en torno a la política lingüística" y presente una propuesta de modificación de la Ley de Comercio de 2001 que permite la posibilidad de multar a los comercios que no rotulen en catalán. Asimismo, le insta a expresar "su firme compromiso a modificar y derogar la normativa lingüística que, de forma ya delirante, vulnera las libertades ciudadanas con la imposición del catalán en todos los ámbitos. Ahora, ya, bajo sanción", recuerda.