La Generalidad de Cataluña ha publicado una guía con la ayuda de la independentista Plataforma por la Lengua. Titulada "Salam al catalá", pretende que los musulmanes residentes en Cataluña hablen sólo en catalán. Pretenden, indican, acercar la cultura catalana a este colectivo tan presente en la región. Además, el objetivo, dice la guía, es "mostrar los vínculos que históricamente ha habido entre ambas realidades, y acercar la lengua del país a la población musulmana", tal y como publicó La Gaceta.
A pesar de su marcado carácter político, la guía ha sido presentada y subvencionada por la Dirección de Asuntos Religiosos, cuya responsable es Montserrat Coll. Durante la presentación se extralimitó en sus competencias en materia religiosa y pidió a los catalanes que no cambien de lengua y no se dirijan en castellano a los inmigrantes porque "el idioma común de Cataluña es la lengua catalana". Por ello, decidió que el panfleto se editara exclusivamente en catalán y en árabe.
Curiosamente, la responsable que lleva los asuntos religiosos en la Generalidad fue una de las condecoradas por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a Gómez Bermúdez y otras 275 personas ajenas a la Policía, premiados al mérito policial. Coll aparecía galardonada junto a otra persona relacionada con la religión, el deán de la catedral de Mallorca, y que coincide con él en su progresismo militante.
De este modo, el Ministerio del Interior ha premiado a un alto cargo de la Generalidad que exige, sin que le corresponda la facultada para ello, que no se hable en castellano a los inmigrantes.
La dirección de Asuntos Religiosos se creó en 2004 con la llegada del tripartito al Gobierno y depende de la vicepresidencia, en este caso del independentista Carod Rovira, que fue quien nombró a Montserrat Coll para el cargo.
Entre sus logros está la polémica ley de centros de culto de Cataluña aprobada en 2009 y con la que a partir el mantenimiento o apertura de un templo dependerá del poder político. De hecho, un alcalde podría retirar la licencia a una parroquia y podría ser cerrada.
En el momento de la tramitación de la ley el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia denunció el problema de tener que depender de la autorización del alcalde para mantener abierto un templo lo que "supone una dependencia del poder político que a todas luces resulta inaceptable".