Se conocían hasta ahora tres "Pablo Iglesias" con biografías relevantes. El primero, por orden cronológico, Pablo Iglesias González, héroe liberal muy desconocido en España pero que encabezó la toma de Almería por parte de los coloraos constitucionalistas de la Pepa en 1824.
El segundo, Pablo Iglesias Posse, el "abuelo" fundador de PSOE y UGT en 1879 y 1888, un personaje discutido y discutible –lo fue con intensidad por los libertarios españoles–, pero intocable para el dogmatismo socialista.
El tercero, Pablo Iglesias Turrión, que expropió el sentimiento de los indignados del movimiento 15-M durante la crisis económica y social de 2008 y siguientes para erigir un partido comunista de corte bolivariano, hoy en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero se ignora en España la existencia de un cuarto Pablo Iglesias. En este caso, se trata de un seudónimo, de un identificador asignado al grupo de personas que constituyeron la fuente más importante del caso de las facturas falsas de UGT Andalucía, un caso de corrupción que puso al descubierto métodos ilegales y uso irregular de recursos públicos por parte del sindicato socialista.
La investigación condujo a la detención de algunos ex altos cargos ugetistas y al ya cercano procesamiento en juicio oral de 15 personas, entre ellas, su ex secretario general en el momento de los hechos, Francisco Fernández Sevilla y otros exdirigentes.
El caso UGT, exclusiva de Libertad Digital durante dos meses, desde junio de 2013 a agosto del mismo año, en que otros medios accedieron a tales fuentes, fue desdeñado por algunos grandes medios de comunicación. Hasta tal punto llegó la falta de interés que las fuentes, muy desencantadas, acudieron a Libertad Digital y en junio de 2013 se publicó el primer artículo que resultó absolutamente escandaloso. Luego, su continuidad dio origen a una serie demoledora continuada luego por otros medios, sobre todo, El Mundo, ABC y La Razón.
Cuando tales fuentes se pusieron en contacto con esta casa, acordamos utilizar el nombre de Pablo Iglesias para todas las comunicaciones que se establecieran entre las partes para estudiar, valorar, contrastar o repasar los datos que se hubieran volcado en un artículo de modo que nunca hubiera errores. De hecho, no los hubo. La información fue exacta y su publicación ajustada con precisión a los hechos.
Aunque, naturalmente, conocíamos el nombre y los apellidos de los principales interlocutores, jamás los llamamos por su nombre –ni por teléfono ni por canales sociales–, ni los expusimos a peligro alguno. Es sabido que un periódico que se precie jamás revela la identidad de sus informadores por razones de ética profesional y convicción democrática. Y así seguiremos haciéndolo.
Sin embargo, un día, apareció el nombre de Roberto Macías asociado al apodo Pablo Iglesias sin que pueda precisarse cómo, pero, en todo caso, después de los interrogatorios preceptivos de la Guardia Civil.
Desde el primer momento, UGT estuvo convencida de que la calidad y la cantidad de información publicada sobre sus infames actividades procedía de una fuente interna al propio sindicato y consideró que Pablo Iglesias era, sobre todo, Roberto Macías, un exempleado despedido de UGT, al que ha sometido desde entonces a una sañuda persecución judicial, logrando incluso una sentencia condenatoria, recurrida, a dos años de cárcel por revelación de secretos.
Si se le llama persecución a lo que ocurre es porque, según el Diccionario de María Moliner, una persecución es la "acción de perseguir para alcanzar o apresar a alguien". Es su apresamiento, esto es, pena de cárcel lo que ha pretendido UGT desde el principio para quien ella identifica con Pablo Iglesias, la garganta profunda del caso.
Es decir, convivimos con una legislación que, al tiempo que imputa, investiga y considera evidentes los indicios abrumadores de delito en el comportamiento de UGT Andalucía, antes procesa y condena por "revelación de secretos" a quien se considera el transmisor de una información que ha servido y sirve a la Justicia.
La Unión Europea ha corregido en parte este sinsentido, pero la aplicación de su protección a los denunciantes de la corrupción en España no era posible en el momento de los hechos y tal vez ni siquiera lo sea ahora. El abogado defensor de Macias ha solicitado que se aplique la directiva 1937/2019, que ampara a quienes hacen lo que hizo Pablo Iglesias.
Ahora, Roberto Macías ha recurrido su condena aportando un dato nuevo relativo a la presunta manipulación de los ordenadores por parte de UGT que los tuvo en su poder durante 10 meses después de la apertura del sumario de su caso en un juzgado de Sevilla. Por ello, pide la declaración de nulidad de una prueba que pudo ser alterada por la UGT durante un año.
Fueron los informáticos de UGT los que afirmaron haber encontrado pruebas de que Roberto Macías era el filtrador de las informaciones. Pero Macías fue despedido el 30 de noviembre de 2012 y fue el 6 de septiembre de 2013 cuando UGT dijo haber revisado su ordenador, que había permanecido 9 meses en su poder y sin tutela judicial. De hecho, fue conectado en varias ocasiones mientras Macías estaba despedido. Ni siquiera consta en el sumario el DVD donde la acusación afirma estaba la documentación extraída de los ordenadores de UGT.
¿Puede considerarse revelación de secretos la información sobre la ilegalidad de las actuaciones sindicales cuando, por otra parte, se subraya que nadie está obligado a acatar órdenes que van contra la legalidad vigente? Si un empleado observa un comportamiento corrupto en su empresa o institución y lo da a conocer, ¿debe esperar una condena judicial y la cárcel por revelación de secretos? ¿Puede considerarse un secreto la comisión de una ilegalidad?
Lo cierto es que Pablo Iglesias, sobrenombre que se dio a las fuentes que desvelaron el caso UGT y al que la organización sindical imputada por sus hechos presuntamente delictivos identifica con Roberto Macías, está siendo perseguido por haber aportado una verdad como una casa a la sociedad española. ¿Cómo vamos a regenerar la nación si se acosa y condena a quienes lo intentan?