Tres investigados por la UCO entre los enchufados del PSOE que la Junta va a expulsar por falta de titulación

Tres de los 23 trabajadores que la Junta de Andalucía va a cesar por no contar con la titulación exigida están siendo investigados por la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO), a través de su Grupo de Delincuencia Económica, ha incluido a estos tres extrabajadores entre los 84 contratados presuntamente de forma irregular durante los gobiernos del PSOE en la Junta, en concreto a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Los despidos, que afectarán a técnicos y administrativos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ya estaban en proceso desde que la Consejería de Empleo detectara que 23 personas no habían podido acreditar la titulación mínima requerida en la reciente convocatoria de estabilización de personal interino.

Contratados como fijos

El procedimiento selectivo, resuelto el 29 de mayo de 2024, pretendía regularizar la situación de personal temporal del SAE. Sin embargo, según fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, 23 trabajadores no lograron justificar la titulación exigida para los puestos que llevaban ocupando más de 14 años.

A pesar de haber sido incluidos inicialmente como personal fijo a través del concurso de méritos, el Gabinete Jurídico de la Junta ha avalado el cese de todos ellos. De los afectados, 22 provenían de la Faffe y uno de los antiguos consorcios Utedlt, disueltos en 2012. La Junta activará su sustitución de forma inmediata conforme a los resultados de la convocatoria.

84 contrataciones irregulares

En paralelo, la investigación penal dirigida por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, mantiene en el punto de mira la contratación de 84 personas vinculadas al PSOE. Se trata de militantes y familiares de cargos del partido, incorporados supuestamente mediante procesos que no respetaron los principios de acceso a la función pública.

Estas personas accedieron a puestos en la Faffe —fundación que debía gestionar formación para trabajadores y desempleados— sin haber superado procesos abiertos y competitivos. La fundación fue disuelta en 2011 por el Gobierno de José Antonio Griñán, pero sus 1.664 empleados fueron absorbidos por el SAE.

Un atestado de 700 páginas documenta arbitrariedades

En un exhaustivo informe entregado al juez en mayo, la UCO sostiene que la mayoría de los 84 extrabajadores fueron contratados "de manera arbitraria", muchas veces mediante procesos diseñados expresamente para su incorporación. El atestado de más de 700 páginas detalla que se vulneraron los principios de "igualdad, mérito, capacidad y publicidad" que rigen la contratación pública.

Los tres investigados que van a ser despedidos ahora por la Junta por no tener la titulación forman parte de ese grupo bajo sospecha, aunque no son los únicos señalados por la UCO. Según la Guardia Civil, al menos una decena más carecía también de la formación exigida para ocupar sus puestos.

Entre los ejemplos que recoge el informe, destaca el de un licenciado en Historia del Arte contratado como personal de apoyo en cursos de Aeronáutica, pese a no tener ninguna formación específica en ese ámbito.

Otro caso paradigmático es el de Francisco Aguilera Acevedo, histórico alcalde socialista de Montellano (Sevilla), contratado como técnico de nivel A, la categoría profesional más alta, a pesar de no tener más que el título de Bachillerato. Aguilera trabajó en la Faffe desde 2003 hasta su disolución en 2011, momento en el que pasó al SAE como el resto de sus compañeros.

La Junta ha confirmado que las plazas que queden vacantes serán ocupadas por los siguientes candidatos de la convocatoria de estabilización, siempre que cumplan los requisitos. En los casos donde no haya sustituto inmediato, el puesto se cubrirá de forma transitoria hasta una nueva convocatoria pública.