En un durísimo auto hecho público este jueves, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha ordenado al departamento de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006". Durante este período de tiempo el magistrado de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de sus funciones, impartió diversos cursos sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso de estudios.
La mencionada resolución judicial supone un auténtico varapalo para el juez estrella. El motivo es que el instructor de la querella, interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por prevaricación y cohecho, señala que es necesario practicar estas nuevas diligencias a raíz de "las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas" por el propio juez cuando fue interrogado en el TS el pasado 15 de abril.
Asimismo, el auto refleja cómo Baltasar Garzón mintió al propio Marchena cuando le dijo que "ninguna entidad financiera, ni ninguna corporación empresarial ni de otro orden", aparte de la Universidad, pagó parte de sus honorarios o de sus gastos familiares. Sin embargo, la documentación remitida por Endesa, Cepsa, Telefónica y el BBVA reflejan, según el juez, "justo lo contrario" ya que todas las entidades anteriormente mencionadas fueron en mayor o menor medida patrocinadores de los coloquios impartidos por el juez estrella.
La Universidad de NY obstaculiza la instrucción
Tampoco se escapa del rapapolvo del magistrado del Alto Tribunal la Universidad neoyorkina. En el auto, Manuel Marchena afirma que el centro de estudios estadounidense "ocultó al Tribunal Supremo la existencia de una relevante aportación dineraria que permitió a Garzón financiar su estancia y la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas".
Además, el magistrado del TS subraya que la "contumaz actitud" de "desatención y las evasivas" del equipo directivo de la Universidad de Nueva York a la hora de remitir la información requerida por él no han facilitado a la Justicia española la investigación de los hechos. Para el juez del Alto Tribunal esta actitud sólo es explicable "por el deliberado propósito de ocultación".
Por otro lado, y a tenor de las declaraciones de varios de los testigos en esta causa, el juez de la última instancia española estima que es "razonable" pensar que "fue el propio Garzón el que impartió las instrucciones precisas para silenciar" parte de los pagos que recibió cuando impartió dichos coloquios sobre terrorismo.
Ante este escenario, el instructor Manuel Marchena considera que "es indispensable pues, esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias" obtenidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
"La determinación de las cantidades realmente ingresadas por el imputado, la concreción de su origen, de la fecha en que fueron abonadas y, en fin, del medio de pago mediante el que se instrumentaron, son datos más que relevantes para la investigación", enfatiza el auto. Por esta razón, será la guardia Civil quien se encargue a partir de hoy de averiguar el historial financiero y fiscal del juez.
Esta es una de las tres causas que el magistrado de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de su función jurisdiccional, tiene pendientes en el Supremo. Junto al caso de los cobros de Nueva York y de las escuchas de Gürtel, Garzón se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados por abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo.