L D (EFE) Rosales, actual alcalde de Maracaibo, capital del estado de Zulia, en el oeste de Venezuela, "no está fuera del país", afirmó en una rueda de prensa el presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza. "Hasta que no haya condiciones" de independencia judicial, "se ha decidido que se mantenga resguardado de la persecución policial", porque "en este momento no se le permite dar la cara", añadió.
El jefe del partido socialdemócrata insistió en que el alcalde es víctima de Chávez y de su "proyecto totalitario militarista que avanza con mayor fuerza cada día", y recordó que a finales del año pasado fue el propio jefe del Estado quien anunció la campaña que entonces denominó "Manuel Rosales vas preso".
La Fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito al alcalde y candidato opositor en los comicios presidenciales de 2006, y el pasado 19 de marzo solicitó a la Justicia que ordene a la policía su detención, algo que debe decidirse en los próximos días.
Los poderes públicos venezolanos "están secuestrados por Chávez" y ante ello los militantes de UNT "haremos todo lo posible por preservar la integridad de Rosales, su libertad, por encima de cualquier otra cosa", agregó Barboza.
Además de la "campaña de destrucción moral y política" que dijo que se ha desatado contra Rosales, Barboza sostuvo que también está "en peligro" la vida del alcalde y la de su familia, mediante "una persecución policial ordenada evidentemente por Chávez".
También aseguró que Rosales "no tiene tribunal a dónde concurrir" para defenderse de los cargos que se le imputan, y que se encuentra en una situación de "indefensión total" debido a que el juzgado que lleva su caso en Caracas "no trabaja desde la semana pasada".
UNT está "promoviendo acciones necesarias para proteger y asegurar su integridad física" ante "una persecución alevosa y cobarde (...) que evidentemente demuestra que no hay justicia en Venezuela", porque "se desempolvó una acusación" antigua, remarcó.
El proceso contra Rosales comenzó el 13 de septiembre de 2004 luego de que el secretario en Zulia del partido progubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, lo acusase de adquirir numerosos bienes inmuebles directamente o a través de testaferros.
La investigación abierta a raíz de esa denuncia determinó, según la Fiscalía, que Rosales "no logró justificar" recursos que aumentaron su patrimonio en 147.390 bolívares (51.800 euros).
Rosales, quien ha negado los cargos y se dice víctima de "un linchamiento" para intentar borrarlo "del mapa político", no requiere estar físicamente en su despacho para seguir ejerciendo como alcalde de Maracaibo, agregó Barboza.
Poco antes de la rueda de prensa de Barboza, el sucesor de Rosales al frente de la gobernación del estado de Zulia, Pablo Pérez, desmintió que éste se haya marchado al extranjero para eludir el juicio, como afirmaron diputados afines a Chávez.
Pérez desmintió así la información de que Rosales había huido del país difundida por los diputados Carlos Escarrá y Mario Isea, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lidera Chávez.
Escarrá sugirió que Rosales de marchó a Panamá, en tanto que Isea declaró que no le extrañaría "que se enconche (esconda)" y que "es posible que se vaya del país, si es que no se ha ido ya".
La oposición quiere "victimizar" a Rosales y "crear un escenario" para acusar al Gobierno "de persecución política, cuando en realidad se trata de un enriquecimiento ilícito, denuncia que se hizo en el 2004", dijo Isea.
El jefe del partido socialdemócrata insistió en que el alcalde es víctima de Chávez y de su "proyecto totalitario militarista que avanza con mayor fuerza cada día", y recordó que a finales del año pasado fue el propio jefe del Estado quien anunció la campaña que entonces denominó "Manuel Rosales vas preso".
La Fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito al alcalde y candidato opositor en los comicios presidenciales de 2006, y el pasado 19 de marzo solicitó a la Justicia que ordene a la policía su detención, algo que debe decidirse en los próximos días.
Los poderes públicos venezolanos "están secuestrados por Chávez" y ante ello los militantes de UNT "haremos todo lo posible por preservar la integridad de Rosales, su libertad, por encima de cualquier otra cosa", agregó Barboza.
Además de la "campaña de destrucción moral y política" que dijo que se ha desatado contra Rosales, Barboza sostuvo que también está "en peligro" la vida del alcalde y la de su familia, mediante "una persecución policial ordenada evidentemente por Chávez".
También aseguró que Rosales "no tiene tribunal a dónde concurrir" para defenderse de los cargos que se le imputan, y que se encuentra en una situación de "indefensión total" debido a que el juzgado que lleva su caso en Caracas "no trabaja desde la semana pasada".
UNT está "promoviendo acciones necesarias para proteger y asegurar su integridad física" ante "una persecución alevosa y cobarde (...) que evidentemente demuestra que no hay justicia en Venezuela", porque "se desempolvó una acusación" antigua, remarcó.
El proceso contra Rosales comenzó el 13 de septiembre de 2004 luego de que el secretario en Zulia del partido progubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, lo acusase de adquirir numerosos bienes inmuebles directamente o a través de testaferros.
La investigación abierta a raíz de esa denuncia determinó, según la Fiscalía, que Rosales "no logró justificar" recursos que aumentaron su patrimonio en 147.390 bolívares (51.800 euros).
Rosales, quien ha negado los cargos y se dice víctima de "un linchamiento" para intentar borrarlo "del mapa político", no requiere estar físicamente en su despacho para seguir ejerciendo como alcalde de Maracaibo, agregó Barboza.
Poco antes de la rueda de prensa de Barboza, el sucesor de Rosales al frente de la gobernación del estado de Zulia, Pablo Pérez, desmintió que éste se haya marchado al extranjero para eludir el juicio, como afirmaron diputados afines a Chávez.
Pérez desmintió así la información de que Rosales había huido del país difundida por los diputados Carlos Escarrá y Mario Isea, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lidera Chávez.
Escarrá sugirió que Rosales de marchó a Panamá, en tanto que Isea declaró que no le extrañaría "que se enconche (esconda)" y que "es posible que se vaya del país, si es que no se ha ido ya".
La oposición quiere "victimizar" a Rosales y "crear un escenario" para acusar al Gobierno "de persecución política, cuando en realidad se trata de un enriquecimiento ilícito, denuncia que se hizo en el 2004", dijo Isea.